La directora regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) del Biobío, María Luz Gajardo, confirmó el término de sus funciones al frente del organismo, luego de que desde el nivel central se solicitara su renuncia al cargo.
La salida se produce en el marco de las facultades administrativas que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para solicitar la renuncia a autoridades que ocupan cargos de primer nivel jerárquico dentro de la estructura institucional.
De acuerdo con lo señalado por la propia autoridad, su gestión concluye durante la jornada de este viernes, tras la decisión adoptada por el titular de la cartera.
FIN DE LA GESTIÓN DE GAJARDO EN EL SERVIU
En una declaración enviada a medios de comunicación, la ahora exdirectora regional explicó que la decisión responde a las atribuciones del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, para solicitar la renuncia a autoridades que ocupan cargos directivos de primer nivel jerárquico en los servicios dependientes de la cartera.
Con esta determinación se pone término a su periodo al frente del Serviu Biobío, organismo responsable de la ejecución de políticas habitacionales, urbanas y de infraestructura vinculadas al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región.
Durante su administración, el servicio participó en la implementación de distintos programas habitacionales, además de iniciativas de desarrollo urbano y proyectos asociados al Plan de Emergencia Habitacional impulsado en los últimos años a nivel nacional.
LA SOLICITUD DE RENUNCIA
Cabe recordar que, según se pudo conocer durante la jornada del jueves, el ministro Iván Poduje solicitó la "renuncia no voluntaria" a María Luz Gajardo mediante una carta en la que se pedía su salida del cargo que ejercía desde octubre de 2023.
Tras esta decisión, Gajardo confirmó este viernes el término de su gestión y afirmó que la medida responde a las atribuciones del titular de la cartera.
Su salida ocurre en medio de una reciente polémica en el Serviu Biobío, luego de que se revelara que el entonces jefe de comunicaciones utilizaba una cuenta anónima en redes sociales para emitir comentarios ofensivos contra damnificados por incendios forestales y autoridades públicas.