Luego de la promulgación de la Ley de Seguridad Municipal, el alcalde de Los Ángeles José Pérez Arriagada, señaló que, debe tener mayores atribuciones a los funcionarios.
A su juicio, siempre hay limitaciones muy altas, como el no poder utilizar armas de fuego.
Para el jefe comunal, hay que avanzar mucho más en lo que dice relación con seguridad municipal a lo largo del país.
"Estas leyes no deben ser así, unas leyes que tengan solo una buena disposición, sino que sean claras y precisas para otorgarnos la posibilidad de defensa a muchos de ellos que son ex carabineros y que saben perfectamente manejar y cuidar el orden público como corresponde" dijo el alcalde José Pérez Arriagada.
Consultado sobre la falta de financiamiento que algunos alcaldes de otras comunas han manifestado respecto a esta ley, el edil angelino fue enfático en señalar que en Los Ángeles la situación es distinta.
" Yo creo que a nosotros no nos va a faltar financiamiento para implementar lo que sea necesario, pero lo más importante es que tengan la facultad, la autorización desde el Ejecutivo, el personal que esté calificado, para llevar adelante un trabajo de la forma eficiente como lo requiere una comuna de la magnitud de Los Ángeles" indicó.
NUEVA LEY DE SEGURIDAD MUNICIPAL
Desde el Ministerio de Seguridad Pública indicaron que, la promulgada Ley de Seguridad Municipal, establece de manera explícita el rol preventivo de los municipios y fija atribuciones claras para la realización de actuaciones en flagrancia, patrullajes y labores preventivas por parte de los equipos de seguridad municipal, a quienes por primera vez se les reconoce con una figura legal, y con ello, la entrega de una garantía administrativa para el ejercicio de sus funciones en el espacio público.
En esa línea agrega, se introducen especificaciones relativas a la capacitación de los inspectores de seguridad, la definición de labores autónomas como la detención en flagrancia, la incautación de mercancías ilegales y labores de televigilancia, y también a aquellas que revisten de carácter colaborativo con las policías como los controles de tránsito, los patrullajes mixtos y el apoyo en medidas cautelas de violencia intrafamiliar.
Respecto a la protección y los estándares para los funcionarios, la ley incorpora un agravante penal ante agresiones a inspectores municipales en el ejercicio de sus funciones, y obliga a los municipios a dotarlos de elementos defensivos certificados con su debida capacitación.