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Durante la sesión, se aprobaron todas las normas que no fueron objeto de observaciones y se respaldaron, por mayoría, diversas votaciones separadas y enmiendas presentadas en la discusión en particular.
El proyecto fue ingresado por el Ejecutivo en octubre de 2023 y apunta a fortalecer la anticipación y gestión del riesgo en todo el país, mediante normas de planificación y obligaciones concretas para disminuir la propagación del fuego.
Establece un nuevo marco regulatorio para la prevención y mitigación de incendios forestales, incorporando figuras como las zonas de interfaz urbano-rural y las zonas de amortiguación, donde se imponen obligaciones concretas a los propietarios, como la construcción de cortafuegos y el manejo de la vegetación.
Además, la propuesta fija deberes específicos para los propietarios, como la construcción de cortafuegos, el manejo de la vegetación y la adopción de medidas de protección en áreas colindantes a zonas habitadas.
La iniciativa refuerza además las atribuciones del Servicio Nacional Forestal (Sernafor), que podrá fiscalizar el cumplimiento de los planes preventivos y aplicar sanciones económicas.
En ese ámbito, se fijaron multas de hasta 1.000 UTM para infracciones graves y de hasta 3.000 UTM para infracciones gravísimas.
El proyecto fue despachado a tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados.
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