El martes 16 de diciembre de 2025 quedará marcado en la historia de Chile como el día en que se gestó la más grande desarticulación de una red de corrupción en Gendarmería.
La denominada "Operación Apocalipsis", que culminó con 71 funcionarios detenidos, desarticuló una masiva red que operaba en nueve recintos penitenciarios del país.
La investigación, que se extendió por más de dos años, reveló que esta organización criminal logró canalizar al menos $6.300 millones en un periodo de tres años.
Sus operaciones incluían cobros por el ingreso de visitas indocumentadas, sobornos para realizar traslados a módulos preferenciales, venta de protección a internos y tráfico de teléfonos celulares, alcohol y sustancias ilícitas.
Un total de 71 personas, de las cuales 47 son gendarmes y 24 civiles, enfrentan acusaciones relacionadas con una presunta red de corrupción y contrabando que operaba dentro de recintos penitenciarios del país.
Por lo anterior, el Gobierno anunció una reforma constitucional para separar funciones de Gendarmería, bajo la que la institución pasaría a ser dependiente del Ministerio de Seguridad Pública, mientras que las labores de reinserción social permanecerían alojadas en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
"NO PODEMOS ESPERAR MÁS"
Desde el Partido Nacional Libertario (PNL), el diputado Cristóbal Urruticoechea se mostró de acuerdo con el proyecto y añadió que, como parlamentarios, deben tener los ojos puestos en una agenda que fortalezca la seguridad del país y eso, enfatizó, tiene ocurrir a partir de enero.
"No podemos esperar más por esta situación. La Operación Apocalipsis ha puesto en manifiesto que existe un tremendo desafío justamente en esta materia, puesto que para combatir el crimen organizado es fundamental la labor de los gendarmes y las cárceles. Entonces, evidentemente estaremos por apoyar una iniciativa como esta", enfatizó Urruticoechea.
El legislador por la zona agregó que debatirán en el Congreso para lograr una mejor reforma constitucional y buscar, por sobre todas las cosas, terminar con el crimen.
"Esa es la gran misión que debemos tener nosotros como parlamentarios y quien gobierne a partir del 11 de marzo", añadió.
SEPARACIÓN DE FUNCIONES
La diputada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Flor Weisse, señaló que la Operación Apocalipsis constituye una oportunidad para fortalecer el control democrático y la seguridad pública en los recintos penitenciarios.
"Es indispensable separar claramente las funciones de seguridad de las de reinserción social, garantizando que quien custodia no esté involucrado en actos que dañan la confianza ciudadana. Además, debe existir transparencia y respeto por los derechos laborales de los trabajadores", indicó.
Para la parlamentaria, esto no puede ser una excusa para improvisar: el proyecto debe ir acompañado de mejores condiciones para la rehabilitación y la dignidad de las personas privadas de libertad.
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Estoy dispuesta a colaborar con responsabilidad en el Congreso para que esta reforma —que podría ingresar a principios de enero— refleje el compromiso real con la seguridad y la justicia en Chile", enfatizó.
DUDAS ENTRE LOS FUNCIONARIOS
Desde el partido Demócratas, la diputada Joanna Pérez, integrante de la comisión contra el crimen organizado, valoró el anuncio del Ejecutivo pero consideró que ha causado incertidumbre entre los trabajadores en cuanto a sus beneficios. "Esas dudas debemos resolverlas y canalizarlas con el Ejecutivo para dar seguridad a los funcionarios", señaló.
Asimismo, la representante por el distrito 21 aseguró que es necesario "controlar nuestras cárceles y lograr que el crimen organizado no siga penetrando a nuestro sistema, a nuestros funcionarios y la red que resguarda hoy día una gran población penal".
Pérez enfatizó que espera que el mandato de José Antonio Kast siga en esta línea. "Que no ceda ante las presiones que puedan ejercer muchos gremios que siempre lo han apoyado. Esto es una decisión de Estado, por la seguridad nacional", agregó.
Para canalizar esas preocupaciones, adelantó que tendrá "diálogos con gremios del distrito y visitas a distintos recintos penitenciarios".
HACER FRENTE A LA CORRUPCIÓN
Por su parte, la diputada Karen Medina (ind.-DC) destacó la disposición del Gobierno a abordar este tema.
"Era sabido por muchos, pero no se le había puesto el atajo necesario para cortar la hebra de aquellas personas que corrompen las instituciones. Son personas con nombre y apellido que hoy día deben ser juzgadas", señaló.
Para la diputada, el caso se suma al de mal uso de las licencias médicas: "En esa misma línea es que debemos apoyar una reforma a Gendarmería y que se castigue y sancione a las personas que se compruebe que han cometido delitos, sin importar el color político o el cargo".
Para la diputada Medina, decir no a la corrupción también implica efectuar "cambios profundos en el funcionamiento, porque para apuntar a seguridad hay que hacerse cargo de estos problemas". Ante la reforma, aseguró estar disponible para legislar "con toda la responsabilidad del mundo" para que Gendarmería "funcione mejor por el bien de nuestro país".