Un nuevo requisito para obtener o renovar la licencia de conducir podría entrar en vigencia pronto en el país, tras la reciente aprobación de un proyecto de ley en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Con este cambio, el trámite fundamental para quienes deseen circular por calles y carreteras sumaría una condición más, destinada a fortalecer el cumplimiento de las obligaciones legales y parentales de los solicitantes.
Actualmente, la licencia de conducir es indispensable para manejar cualquier vehículo motorizado. La legislación ya establece una serie de condiciones y procedimientos tanto para nuevos postulantes como para quienes buscan actualizar este documento. Sin embargo, la nueva iniciativa parlamentaria busca restringir el acceso a quienes tengan deudas relacionadas con pensiones de alimentos.
Requisitos vigentes para la licencia de conducir
Para conseguir o renovar la licencia de conducir, las personas deben cumplir con varios requisitos:
Deudores de pensión de alimentos
El proyecto aprobado agrega una exigencia relevante: las personas que figuren en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos no podrán obtener ni renovar su licencia de conducir. Los funcionarios municipales a cargo de la Dirección de Tránsito deberán revisar este registro al recibir cada solicitud, antes de autorizar la tramitación del documento.
Si una persona ingresa al registro de deudores luego de haber renovado su licencia, el carnet puede ser cancelado. Así lo establece el proyecto, que también dispone mecanismos de control: los Departamentos de Tránsito y Transporte Público Municipal realizarán revisiones mensuales del registro, para identificar y notificar a posibles deudores que residan en la comuna donde mantienen una licencia vigente.
Reincorporación de quienes regularicen su situación
La iniciativa contempla que quienes queden inhabilitados para acceder o renovar el documento podrán recuperarlo al ser eliminados del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, es decir, una vez que cumplan con sus responsabilidades parentales y financieras. No se exigirá esperar los dos años que la normativa exige para otras causales de cancelación.
Tras la aprobación de la Cámara Baja, la propuesta continúa su trámite en el Senado.
