Diputados Medina y Arroyo cuestionan al gobierno por aumento del 105% en asesinatos de menores

En el marco de los alarmantes datos presentados en el Informe Anual 2025 de la Defensoría de la Niñez, donde se evidencia un aumento del 105 por ciento en los homicidios consumados de niños, niñas y adolescentes entre los años 2018 y 2024, los parlamentarios Karen Medina y Roberto Arroyo, oficiaron a la subsecretaria del delito, Carolina Leitao.

Esta acción busca un informe exhaustivo sobre la situación de violencia que afecta a este grupo vulnerable en nuestro país, así como las medidas adoptadas por el Estado para abordarla.

El citado informe revela que, durante el último año, se registraron 76 víctimas de homicidio y que 162 menores han fallecido por el uso de armas de fuego en el periodo comprendido entre 2022 y agosto de 2025. Estas cifras reflejan una grave crisis que demanda respuestas inmediatas y efectivas por parte de las instituciones encargadas de proteger a nuestros menores.

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Por su parte, el congresista Roberto Arroyo (PSC) subrayó la responsabilidad del Estado en la protección de los menores, afirmando que "la violencia contra niños, niñas y adolescentes no puede ser ignorada. La falta de información clara y actualizada limita nuestras capacidades de respuesta. Es esencial que la Subsecretaría del Delito mantenga un registro propio de víctimas y colabore con otras instituciones para analizar patrones que puedan ayudar a prevenir esta triste realidad."

Arroyo también mencionó la necesidad de programas efectivos de prevención. "Es clave que conozcamos los programas vigentes, su cobertura, financiamiento y, sobre todo, sus resultados. Los recursos deben ser dirigidos a donde más se necesita y deben basarse en evidencia", concluyó.

El oficio presentado por los diputados incluye preguntas específicas que buscan profundizar en la situación de la victimización de niños, niñas y adolescentes, incluyendo el número total de víctimas de homicidio entre 2018 y 2025, la participación de armas de fuego en estos casos y la existencia de causas judiciales relacionadas.

Además, se solicita información sobre programas y estrategias de prevención que estén en marcha, su evaluación de impacto y recursos asignados para abordar estas problemáticas.