La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles en general el proyecto que modifica la Ley Responsabilidad Penal Adolescente, con el objetivo de fortalecer la respuesta sancionatoria frente a delitos calificados como especialmente graves.
La iniciativa, en su primer trámite constitucional, fue objeto de indicaciones, por lo que volverá ahora a la Comisión de Constitución para su discusión en particular.
El proyecto, contenido en el boletín 15589 y de origen parlamentario, plantea igualar las penas para los adolescentes de entre 14 y 16 años con las que actualmente se aplican a quienes tienen entre 16 y 18, en casos de delitos de alta gravedad. Específicamente, se establece que las penas de internación en régimen cerrado o semicerrado tendrán un límite máximo de 10 años para ese grupo etario, duplicando el máximo actual de cinco años. Entre los delitos considerados para esta medida se encuentran: homicidio simple, homicidio calificado, violación y robo con secuestro.
Otro de los ejes de la propuesta es que todos los procesos penales en los que participen adolescentes junto con adultos se tramiten bajo la jurisdicción especializada en menores, con el fin de mantener un enfoque diferenciado y especializado en estos casos. Esta disposición busca evitar que adolescentes sean procesados con los mismos criterios que los adultos, incluso si comparten causa.
En cuanto a la ejecución de las sanciones, se establece que si un adolescente quebranta el régimen de internación cerrada, su plan de intervención será intensificado. Además, en casos de fuga o evasión, la persona condenada no podrá solicitar la remisión o sustitución de la pena por un periodo de entre seis meses y un año, endureciendo las consecuencias ante estas situaciones.
Finalmente, el texto legal introduce una obligación para los tribunales de escuchar a las víctimas cuando deban resolver sobre la remisión o sustitución de una condena, incorporando así su voz de forma directa en decisiones que puedan modificar las penas impuestas.