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Política

Legisladores debaten sobre la ley de responsabilidad penal adolescente

La iniciativa plantea una modificación a la ley 20.084 que establece un sistema que permita agravar las penas impuestas a jóvenes entre 14 y 18 años que cometan delitos.


 Por Glenda Ahumada

diputados

Un proyecto de ley ingresado por el senador Sebastián Keitel solicita a los y las legisladoras modificar la ley 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente, cuyo objetivo es agravar las penas para personas entre los 14 y los 18 años que cometen algún delito.

En la normativa anterior, los menores entre los 14 y 16 años no eran imputables penalmente, es decir, en caso de algún delito se les aplicaban medidas de protección, que anteriormente estaban a cargo del Servicio Nacional de Menores (actual Mejor Niñez).

En el caso de los jóvenes entre los 16 y 18 años se les practicaba un examen de discernimiento, con la finalidad de verificar si eran conscientes del delito cometido.

Dependiendo de la respuesta del adolescente, un juez determinaba condenarlo como adulto y enviarlo a un centro penitenciario si este se encontraba consciente de lo ocurrido, mientras que si desconocía lo sucedido, el joven era enviado a centros del ex Sename como medida de protección, pero con algunas salvedades: sin derecho a defensa gratuita, sin límite de tiempo de permanencia y sin garantizas de desarrollar un debido proceso penal.

Actualmente, después de varios ajustes, la legislación considera responsables ante la ley penal a personas entre los 14 y los 18 años, quienes cuentan con garantías como por ejemplo ser enviados a centros especiales y no a recintos carcelarios de adultos, acceso a educación y a programas de rehabilitación de alcohol y drogas.

Si bien los ajustes legislativos se han realizado, es preocupante la cantidad de delitos cuyos hechores no superan los 18 años de edad, es decir, entran en la categoría de jóvenes, adolescentes, niños y niñas.

Según el último informe del Departamento de Análisis Criminal que realiza Carabineros, casi la mitad de los robos violentos de vehículos son cometidos por menores de edad en la región Metropolitana.

En resumen, la encerrona es uno de los delitos con mayor participación de niños, que promedian edades entre los 12 y los 16 años.

Asimismo, el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros resalta que cinco de cada diez detenidos por robo violento de vehículos corresponden a este grupo etario.

El fenómeno queda en evidencia cuando la policía afirma que las detenciones de menores de edad aumentó un 45% entre 2020 y lo que va del 2022.

En esa misma línea, un balance realizado entre Carabineros y la Subsecretaría de Prevención del Delito sobre las “encerronas” y los “portonazos” durante este año, evidenció que el 50% de los detenidos, solo en la región Metropolitana, son adolescentes. No obstante, hay otros delitos que también cometen menores de edad, como desórdenes que alteran el orden público y hechos relacionados a la convivencia escolar.

Al respecto, la policía uniformada dice que hay grupos delictivos que reclutan menores de edad para que participen en los delitos, siendo jóvenes de 16 años los que tienen una mayor participación en los hechos.

Según carabineros dichas cifras advierte que hay crimen organizado de magnitud importante detrás de esta evidencia, ya que delincuentes “utilizan” a niños que no son imputables, que tienen menos de 14 años, para cometer delitos.

REACCIONES

Buscamos conocer la percepción de estas cifras que motivan un cambio legislativo respecto de la ley penal adolescente, que se debate entre la búsqueda de nuevas formas de aplicar sanciones, rebajar las edades para imputabilidad o encontrar estrategias de reinserción social para estos niños, niñas y adolescentes.

El pasado 9 de noviembre, los diputados y diputadas debatieron maneras de abordar el aumento de la participación adolescente en hechos delictivos.

En la oportunidad, se aprobaron una serie de resoluciones que, entre otros puntos, solicitaron medidas urgentes para restablecer la armonía y convivencia en los colegios. También, para dar el carácter de un problema urgente de orden público a los hechos delictivos cometidos por estudiantes de diversos colegios.

En esa línea, la diputada por el distrito 21 Karen Medina apuntó a que: “Considerando el aumento de la participación en actos delictivos de adolescentes, es necesario incrementar las sanciones. Desde hace tiempo en otro tipo de delitos ya se veía como delincuentes usaban a menores de edad para cometer sus delitos, ya que éstos tenían penas mínimas. Pero el alza y la gravedad de los delitos, amerita un cambio en la ley”, aseguró la parlamentaria.

En tanto, Joanna Pérez, diputada por el Distrito 21 dijo que: “Hay que considerar que el sentido mismo de la ley es buscar que los adolescentes tengan medidas de reinserción social tempranas cuando cometen delitos muy jóvenes y el agravar o endurecer su paso por estos centros es peor, pues se adentran en otros delitos, lo que es un factor de reincidencia”, sentenció la legisladora.

Junto con lo anterior, la diputada Pérez señaló que: “Por ello, desde hace unos meses, el Congreso aprobó la creación del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, organismo que tiene por finalidad reemplazar al Sename en materia de prevención, sanción y reinserción de delitos en adolescentes”.

La parlamentaria afirmó que es necesario esperar, indicando que: “Es por esta razón que debemos dar un tiempo y apoyar este nuevo servicio, puesto que no podemos justificar que jóvenes tempranamente cometan delitos, pero tampoco debemos ser inflexibles a la hora de brindar salidas; previniendo, rehabilitando y aislando a aquellos que cometan ilícitos por primera vez, y ser muy duros en casos que los mismos adolescentes reincidan en estos hechos y en aquellos que no participen de las labores de rehabilitación y reinserción o no quieran el apoyo estatal”, argumentó.

“Y desde allí debemos cooperar todos para avanzar en erradicar estas conductas, pero sin olvidar que la reincidencia debe ser un factor necesario para evaluar a la hora de aumentar sus sanciones”, afirmó la diputada.

Por su parte, el diputado Cristóbal Urruticoechea manifestó que: “Hay una serie de modificaciones referidas al sistema de penas para la responsabilidad penal adolescente , hay modificaciones a la referidas a la determinación de la Pena y Modificaciones referidas a la ejecución de las condenas. También se crea la incorporación de un sistema de justicia restaurativa”.

En materia de innovación en métodos de prevención y reparación para adolescentes que comentan delitos, el parlamentario argumentó que: “Por último, obliga a los jueces de garantía, los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal, así como los fiscales adjuntos y defensores penales públicos, a que intervengan en las causas de adolescentes, y para ello deberán estar capacitados en los estudios e información criminológica vinculada a la ocurrencia de estas infracciones, en la Convención de los Derechos del Niño, en las características y especificidades de la etapa adolescente y en el sistema de ejecución de sanciones establecidas en esta misma ley”, explicó el diputado.

De igual forma, el legislador sostuvo que: “Con todo, creemos que el sistema no representa ningún cambio sustancial para la situación delictual de los niños, pues es crear más y más leyes, servicios públicos y procedimientos mientras lo principal – la familia y la autoridad de los padres- se erosiona cada día más”, sentenció.

Por último, la diputada Flor Weisse señaló que: “No tenemos dudas que el derecho de niños y niñas debe ser respetado y protegido. En el último tiempo hemos tomado conocimiento de delitos de connotación pública, en que los autores son adolescentes y en ocasiones niños. Esas situaciones son preocupantes y nuestro deber es revisar la normativa legal para adoptar, si es necesario, cambios en el ordenamiento jurídico”.

“Por ello es que estamos estimando la posibilidad de disminuir la responsabilidad penal, para que estas circunstancias no queden impunes”, aseguró.

El combate contra los delitos que cometen adolescentes requiere un tratamiento que va más allá de la privación de libertad de estos individuos, sino que es una tarea multisistémica que debe acompañar, prevenir, dar acceso a oportunidades, crear espacios seguros de rehabilitación, entre otros factores.


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