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La sesión, realizada en dependencias del Congreso Nacional, forma parte del trabajo de la comisión encargada de recabar antecedentes sobre el proceso de adquisición del inmueble, y de identificar posibles responsabilidades administrativas, políticas e incluso penales en una operación que fue suspendida en medio de cuestionamientos por su legalidad y pertinencia institucional.
Durante su intervención, Carlos Durán fue enfático al declarar que no recibió información ni advertencias formales sobre eventuales irregularidades jurídicas en la compra.
En ese sentido, descartó haber sido informado por funcionarios del Gobierno o por terceros sobre inhabilidades que pudieran afectar el procedimiento.
El jefe de gabinete reconoció que el proceso presentó deficiencias en su desarrollo y ejecución, aunque defendió el objetivo central del proyecto.
No obstante, insistió en que la intención del Ejecutivo era rescatar un espacio de alto valor histórico y simbólico para el país.
Pese a la fallida operación, aseguró que el Gobierno actuó bajo una lógica de recuperación patrimonial, sin intenciones políticas de por medio.
Consultado directamente sobre si consideraba que fue un error llevar adelante el proceso, Durán respondió: "No considero que haya sido un error el proceso en sí, pero sí existieron fallas en la forma en que se llevó a cabo", cerró.
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