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La dimisión ocurre justo antes de que sectores de la oposición formalizaran una acusación constitucional en su contra por presuntas irregularidades en el proceso de adquisición del inmueble.
La exsecretaria de Estado optó por dejar su cargo para evitar un impacto negativo en el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, en un contexto de crecientes cuestionamientos a su gestión.
La controversia se generó luego de que se revelara un incremento de casi 100 millones de pesos en la oferta del Ejecutivo por la propiedad, una transacción en la que se encontraban involucradas como herederas la propia Maya Fernández y la senadora Isabel Allende (PS), hija del expresidente.
La oposición argumentó que la operación vulneraba el Artículo 37 Bis de la Constitución, el cual impide que autoridades celebren contratos con el Estado, lo que llevó a la presentación inminente de una acusación constitucional en contra de la exministra.
Delpiano, asistente social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta con una destacada trayectoria en la administración pública, habiendo desempeñado funciones como ministra de Educación (2015-2018), intendenta de la Región Metropolitana (2007-2008) y ministra de Bienes Nacionales (1994-1999), entre otros cargos.
La designación de Adriana Delpiano busca dar continuidad a la gestión ministerial en un momento complejo para el Ejecutivo, mientras se espera que la oposición continúe presionando por mayores explicaciones sobre la fracasada compra de la casa del expresidente Allende.
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