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La Tribuna

Estados Unidos sanciona a 16 funcionarios venezolanos por manipulación electoral y represión

por Stephanie Ramírez M.

La proclamación de Nicolás Maduro como presidente desencadenó protestas que resultaron en 27 muertos, alrededor de 200 heridos y más de 2.400 detenidos.

Nicolás Maduro fue reconocido como presidente por el TSJ chavista / Extraída de Infobae

El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra 16 altos funcionarios venezolanos, entre los que se incluyen miembros del gobierno, militares, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Las medidas se tomaron en respuesta a la obstrucción del proceso electoral y la violación de derechos civiles en Venezuela tras las controvertidas elecciones del 28 de julio.

El subsecretario del Departamento del Tesoro, Wally Adeyemo, afirmó en un comunicado que estas sanciones buscan responsabilizar a los implicados en las "fraudulentas e ilegítimas afirmaciones de victoria" del presidente Nicolás Maduro.

"Maduro y sus representantes han recurrido a tácticas de intimidación para silenciar a la oposición, mientras la mayoría de los venezolanos clama por un cambio", señaló Adeyemo.

Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, Malaquías Gil Rodríguez, Juan Carlos Hidalgo Pandares, Caryslia Rodríguez y Fanny Márquez Cordero, algunos de los jueces que destacan entre los sancionados del TSJ.  Además, el secretario general del CNE, Antonio José Meneses, y el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante Aparicio, también fueron incluidos en la lista de sanciones.

Represión y persecución política

Cabe destacar que el gobierno de Nicolás Maduro ha intensificado la represión contra la oposición, según denuncias del gobierno de Joe Biden.

Las autoridades venezolanas han arrestado a ciudadanos por ejercer sus derechos políticos y civiles, utilizando tácticas de intimidación para acallar la disidencia.

Recientemente, Edmundo González Urrutia, candidato en las elecciones presidenciales venezolanas del pasado 28 de julio, decidió refugiarse en España tras enfrentar una creciente represión política que ponía en riesgo su seguridad.

En territorio español, González iniciará los trámites para solicitar asilo, mientras enfrenta una orden de aprehensión emitida por la justicia venezolana, que lo acusa de delitos como conspiración e instigación a la rebelión.

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