El senador por la circunscripción 8 de la región de O'Higgins y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, se refirió al reciente atentado registrado en la comuna de Quilleco, criticando la gestión del gobierno del presidente Gabriel Boric por su política en materia de seguridad.
Recordemos que en la madrugada del pasado viernes 13 de octubre, sucedió un ataque incendiario a dos camiones de una faena forestal en el kilómetro 25 de la ruta Q-45, la que conecta Los Ángeles con Antuco, lo que finalizó con la detención de cinco individuos involucrados en este hecho, gracias al rápido accionar del Retén Canteras de Carabineros.
En entrevista con diario La Tribuna, el político abordó esta temática debido a su reciente visita a la zona para colaborar con la agenda de la diputada por el distrito 21, Flor Weisse, entregando su punto de vista de esta situación, con un crudo análisis a la gestión de la administración actual, con repasos a supuestas promesas incumplidas y críticas a la ideología del gobierno.
-Senador, ¿cuál es el balance que realiza respecto a las acciones del gobierno en relación a la política en materia de seguridad en la Macrozona Sur?
-Se ha cumplido casi dos años de la llegada al poder de Gabriel Boric, de este gobierno que prometió una cuestión diferente en materia de seguridad, que ha sido un absoluto fracaso en la región del Biobío, y ese fracaso lamentablemente lo pagan vecinos que esperaban una respuesta diferente. Lamentablemente la política de supuestas medidas que se iban a implementar para apaciguar el terrorismo en la región del Biobío y en La Araucanía no ha dado frutos.
-¿Cuál debería ser el camino correcto que debería tomar la clase política actual respecto a este tópico?
Aquí por de pronto desde lo que nos corresponde a nosotros que es la política, es que estemos todos en la misma sintonía. Cuando llegó el gobierno del presidente Boric hace un año y medio, ellos transmitían que tenían soluciones diferentes, que tenían que implementar diálogos en la lógica de las ideas de la izquierda, que básicamente es dejar actuar y ver cómo se conversa con grupos que no se pueden dialogar y negociar. Se han dado cuenta con el correr de los meses que son grupos de insurgentes que lo único que quieren es desestabilizar la democracia y atentar contra los intereses y seguridad de los vecinos.
-¿Cree que el tema ideológico ha mermado en las políticas del gobierno para abordar asuntos como la seguridad?
-Veo al gobierno de izquierda que hoy gobierna Chile que la ideología le pasa la cuenta, le pasó la cuenta en enero cuando indultaron a personas con antecedentes penales y no sólo eso, sino que a muchos de ellos le dieron pensiones de gracia a quienes tenían antecedentes penales y constituían un peligro para la sociedad.
Ellos (el gobierno) hicieron una apología de la primera línea en el centro de Santiago y también han tenido diálogos y una mirada respecto a que hay legítimas aspiraciones que justificarían la violencia de estos grupos armados.
Esas son las diferencias que tenemos que se han plasmado, por ejemplo, en el veto de la Ley de usurpaciones, que hacen que el gobierno se ponga del lado de delincuentes y de usurpadores y no del lado de las personas que llevan décadas sufriendo la violencia que es cada vez peor y descarnada de estos grupos de insurgentes y terroristas.
-¿Cuál es el rol que espera usted de los organismos de justicia del país en cuanto a las formalizaciones de los sujetos que cometen atentados en la Macrozona Sur?
-Llevamos la enésima renovación de los estados de excepciones constitucionales y lamentablemente lo que uno pueda decir de lo que está ocurriendo no sirve de nada si no somos capaces de actuar, no solamente el poder Ejecutivo y las fuerzas policiales, sino también el Poder Judicial y el Ministerio Público debe hacer su trabajo para dejar entre las rejas a las personas que son un peligro para la sociedad.
Es clave que el Poder Judicial y el Ministerio Público hagan su trabajo y que no tengamos que lamentar que por distintas razones procedimentales o formalismos personas que son un peligro para la región y para nuestro país terminen en libertad.
-Por último, ¿qué espera de las propuestas que se discuten actualmente en el Consejo Constitucional respecto a esta temática?
-Ojalá encontremos una respuesta constitucional en el proyecto que se votará en el plebiscito del 17 de diciembre, que busca una respuesta diferente y un monopolio de uso de fuerza para nuestros Carabineros, fuerzas de orden y seguridad tengan la posibilidad de defenderse legítimamente sin tener riesgos por su integridad o porque eventualmente puedan tener sanciones procesales y judiciales.