Ley de Inclusión Laboral busca reivindicar el rol social de las personas en situación de discapacidad

La Ley 21.015 de Inclusión Laboral, promulgada en mayo de 2017, tiene como objetivo promover una inclusión de personas con discapacidad o en situación de discapacidad en el ámbito laboral, insertándose de manera eficaz en el mercado del sector público y privado, según corresponda. 

Las principales temáticas que aborda la normativa son el respeto de la dignidad de las personas con discapacidad mental, eliminando la discriminación salarial. 

Por otro lado, se fija en 26 años la edad límite para suscribir el contrario de aprendizaje con personas con discapacidad, es decir, en el área de la capacitación para insertarse en un ambiente laboral. 

Las personas con discapacidad que se acojan a esta ley cuentan con garantías en los procesos de selección laboral de ofertas estatales.

No obstante, la legislación indica que los organismos públicos y las empresas que cuenten con más de 100 trabajadores y trabajadoras deben contar con al menos el 1% de personal. 

En ese sentido, la ley cuenta con dos reglamentos diferenciados para el sector público y otro para el sector privado. 

Al respecto, las personas en situación de discapacidad reciben, en su mayoría, sueldos muy bajos. Esto dificulta salir del círculo de pobreza que genera la discapacidad. En Chile, esa condición te hace ser más pobre, pues hay más gastos en médicos, remedios y transporte, por ejemplo, si se compara con quienes no tienen discapacidad. Y más encima si se trabaja, te pagan poco, dijo Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad. 

MIRADA LOCAL

Diario La Tribuna tomó contacto con Carola Campos, directora regional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) Biobío, para conocer los pormenores del cumplimiento de esta normativa en la región a cuatro años de su promulgación.

La Ley de Inclusión Laboral ha sido un gran aporte en la materia, impulsado un cambio cultural al interior de las empresas e instituciones que deben cumplir la ley, estableciendo un enfoque de derechos y eliminando barreras aún existentes sobre las personas con discapacidad, señaló.

Agregando que ejemplo de ello es el nivel de cumplimiento, que ha sido un avance importante en materia de inclusión laboral en el país, permitiendo instalar y visibilizar este tema tanto en las empresas como en la sociedad.

En ese contexto, desde la instituciónafirmaron que desde su implementación, en 2018, hasta octubre de 2022, el número de contratos de personas con discapacidad y/o asignatarias de pensión de invalidez con contratos llega a 96.351.

Respecto de las revisiones que se han hecho a esta normativa, desde Senadis Biobío aseguraron que cumplidos los tres años de la Ley de Inclusión Laboral, se estableció un trabajo de revisión de la misma, lo que se concretó en un proyecto de ley que incorpora el análisis de su implementación. Este proyecto establece aumentar de 1% a 2% la cuota de contratación de personas con discapacidad en sector público y privado, lo cual ya fue aprobado por el Senado y actualmente está en tramitación en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Desde Senadis consideramos esto positivo, sin embargo estimamos que no debe ser lo único que guíe la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo laboral. Además, se debe reforzar la implementación y efectivo cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral, considerando no sólo el acceso a puestos de trabajo, sino que también la permanencia en ellos y, muy especialmente, que éstos sean accesibles y acordes con las habilidades y formación de las personas con discapacidad, complementó la representante del servicio para personas con discapacidad del Biobío.  

Lo anterior, se traduce en que los esfuerzos de mejora asociados a esta ley deben ser no sólo cuantitativos, sino que también cualitativos, poniendo el foco en el acceso a puestos trabajo, permanencia en ellos y en la existencia de espacios laborales inclusivos que garanticen la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

REQUISITOS 

¿Qué debe tener una persona para postular a un trabajo acogida a la Ley de Inclusión Laboral?

Deben estar inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad o ser asignatarias de una pensión de invalidez, por cualquier sistema previsional, para acogerse a la Ley de Inclusión Laboral.

Una de las estrategias que proponen las fundaciones que se especializan en temáticas de Inclusión Laboral y las instituciones gubernamentales son crear espacios laborales inclusivos que garanticen la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad frente a otros y otras trabajadores.

Respecto a este punto, en octubre de 2020, se promulgó la Ley 21.275 que modifica el Código del Trabajo para exigir a las empresas de 100 o más trabajadores, la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad.

Esta ley entró en vigencia el 1 de noviembre pasado y dentro de sus principales obligaciones se encuentra la creación del perfil de Gestor o Gestora de Inclusión Laboral, donde un trabajador o trabajadora deberá desempeñar  funciones relacionadas con recursos humanos y deberá contar con conocimientos específicos en materias que fomenten la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

En ese sentido, el Gestor o Gestora de Inclusión Laboral fortalecerá los procesos de inclusión laboral, garantizando un acompañamiento a las personas con discapacidad que se integran o se encuentran trabajando, a las diferentes áreas internas de las compañías, además, estos gestores deben generar planes de capacitación y promoción de sus políticas de inclusión, de manera que las personas en situación de discapacidad puedan nivelar sus conocimientos respecto al resto de los integrantes de una empresa.

En particular, Senadis cuenta con programas de apoyo especializado para capacitar a empresas y personas en el tema de la inclusión laboral.

Al respecto, la directora regional de Senadis dijo que: El Programa de Apoyo a la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, permite que entidades públicas y privadas sujetas a la implementación de la Ley Nº21.015 cuenten con procesos inclusivos para la contratación de personas con discapacidad, cuyo objetivo es promover el enfoque de derechos, capacitar y orientar gratuitamente a los equipos de Recursos Humanos o de Gestión de Personas, considerados agentes claves en los procesos de inclusión, con el fin de que puedan adquirir herramientas profesionales de inclusión laboral y aplicarlas al interior de su organización.

En esa línea, desde el año 2020, un total de 802 entidades entre organismos públicos y empresas privadas se han acogido a los diversos planes de inserción laboral y programas de apoyo y capacitación. 

En materia de cifras, un estudio realizado entre la Fundación Chilena para la Discapacidad, basado en ofertas de la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) entre enero y junio de este año, se estableció que fueron publicadas 32.096 propuestas laborales en el primer semestre de 2022, las cuales representaron solo el 13,5% del total de lo ofertado.