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Policial y Judicial

Diputado denuncia presunto fraude al Fisco en la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío 

Cuestiona la recontratación de cinco funcionarios y un perjuicio fiscal de más de 200 millones de pesos, mientras que la seremi de justicia Claudia Soto lamentó que el parlamentario “no se haya comunicado con nosotros para informarle cómo funciona el CAJ Biobío”.


 Por Cristian Salazar

CAJ

El diputado por el distrito 21 Cristóbal Urruticoechea (Republicano) presentó ante la Fiscalía una denuncia por el presunto delito de fraude al fisco y perjuicio fiscal de 200 millones de pesos en contra de la Corporación de Asistencia Judicial de Biobío- El parlamentario solicitó que la Contraloría investigue presuntas irregularidades cometidas por este ente perteneciente al Ministerio de Justicia.

Según el parlamentario, se cometieron una serie de ilegalidades administrativas, laborales y penales. A ello sumó la reincorporación de funcionarios desvinculados, que aseguró, recibieron millonarias indemnizaciones; el pago de sueldos retroactivos por los siete meses que estuvieron fuera, y donde no se les permitió devolver la mayor parte del monto, generando pérdidas a las arcas fiscales por más de 200 millones de pesos, donde un solo funcionario recibió una indemnización superior a los 57 millones de pesos, monto del cual devolverá sólo dos millones 900 mil en dos cuotas, manifestó Urruticoechea.

En este caso indicó que “en la administración anterior, la Contraloría detectó ciertas irregularidades dentro de la Seremía de justicia, quienes contratan una empresa externa para que evalúe la situación, y la empresa externa propone una modernización y el término de ciertos cargos, no personas, sino cargos”.

“Se desvincula a diez personas según lo que propone esta empresa externa, y de estas 10 personas, cinco han sido recontratadas por esta Seremía sin preguntarle al consejo directivo, sin preguntarle absolutamente a nadie, y cinco personas que más encima pertenecen a un sindicato afín al gobierno”.

Junto con ello agregó que “a estas cinco personas, primero que nada, se les deja ver como que estos siete meses en donde ellos cesaron su cargo continuaron trabajando, se les indemniza por cerca de 60 millones de pesos, de esos 60 millones de pesos sólo se les pide la devolución de dos millones de pesos aproximadamente, los que además deben pagar en dos cuotas, y se contratan a siete personas sin hacer concurso público, sin tener presupuesto, sin solicitar las medidas claras y públicas que se deben hacer por la contratación de estas personas, ya demás se crea un nuevo cargo en la Corporación de Asistencia Judicial de un jefe de gabinete, por lo tanto, estamos hablando de más de 200 millones de pesos y evidenciamos la posibilidad de un delito de fraude al fisco gravísimo”, enfatizó.

Diputado Cristóbal Urruticoechea

RESPUESTA SEREMI DE JUSTICIA EN BIOBÍO

Frente a esta acusación, la seremi de Justicia y Derechos Humanos de la región del Biobío Claudia Soto precisó que “nos remontamos acá al informe (realizado por una consultora externa) que es donde se basa la restructuración, pero siempre este informe recomienda sociabilizar con las y los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial, en ningún caso recomienda desvinculaciones directamente. En marzo del año 2021 el honorable consejo de la CAJ vota la reestructuración y se aprueba, cuyo proceso sigue en pie, pero llevándose a cabo de la manera correcta, entendiendo que es necesario un cambio para el buen funcionamiento del servicio”.

En relación a los despidos y pago de indemnizaciones, la seremi Claudia Soto manifestó que “las desvinculaciones finalmente se hacen en enero de este año, es decir, un año después desde que se decide la reestructuración. En cuanto a los montos de las indemnizaciones, estos montos fueron calculados al momento en que fueron desvinculados estos funcionarios, es decir, fueron calculados por el área de recursos humanos y la dirección general, y visados finalmente por la autoridad de turno o el seremi anterior, entonces estos montos o indemnizaciones no salen de esta administración, hay que ser enfáticos en eso y es importante que hagamos presente que estos montos fueron calculados en la administración anterior, constan en los finiquitos y en las causas que son de público conocimiento”.

Por último dio a conocer que “lamentamos que el honorable diputado no se haya comunicado con nosotros primero para informarle cómo funciona la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío y contarle el tremendo trabajo que estamos llevando a cabo junto al consejo directivo, y de forma muy transparente y democrática para tomar las decisiones para nuestros usuarios y usuarias del CAJ”.

Claudia Soto, seremi de justicia y derechos humanos


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