Funcionarios Públicos: Pinilla criticó veto presidencial a ley que les impide recurrir a tribunales del trabajo

Los funcionarios del Estado, independiente de su contrato y labor, podrían acusar maltratos laborales, persecuciones y otros de esta índole, a los tribunales del trabajo, tal como en el mundo privado.

Al menos ese es parte del espíritu del proyecto enviado a Ley por el Congreso, que sin embargo recibió observaciones de La Moneda o si se quiere recibió el Veto Presidencial.

Tras ello, el presidente de los funcionarios de la Dirección del Trabajo en la Provincia de Biobío, Patricio Pinilla criticó la decisión del mandatario.

LA VISIÓN DE PINILLA

Patricio Pinilla no solo es el actual presidente de los funcionarios de la Dirección del Trabajo en Biobío, sino que también es el presidente de la DC angelina y abogado experto en Derecho Laboral.

Por lo mismo, tiene autoridad en la provincia para hablar de esta materia.

Así, en entrevista con La Tribuna, Pinilla detalló que el Presidente de la República ha vetado el Proyecto de Ley que permitía que los funcionarios públicos y municipales pudieran ejercer el procedimiento de derechos fundamentales.

En su interpretación, Pinilla explicó que el Presidente ha dicho que esto es por tres razones: primero porque las atribuciones que el Código del Trabajo entrega a la Dirección del Trabajo en la investigación de las vulneraciones, deben ser ejercidas por la Contraloría General de la República; segundo porque estima que los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden Seguridad Pública no pueden ejercer este derecho a recurrir a los tribunales en el caso de maltrato laboral o discriminación y en tercer porque estima que hay que compatibilizar el reclamo ante la Contraloría General de La República (reclamo funcionarial) con la denuncia a los tribunales de justicia.

En este sentido y usando su experiencia, el experto aclaró que me parece que los fundamentos no son adecuados, no son pertinentes ni oportunos, este veto fue sin acuerdo con las asociaciones de funcionarios.

Agregó que Entregar a la Contraloría General de La República la posibilidad de ejercer estos informes, me parece que es un retroceso.

En su puesto laboral y en su expertiz profesional, Patricio Pinilla agregó que la Dirección del Trabajo tiene una gran historia en investigación de Derechos Fundamentales, los informes no son realizados por la jefatura de la Dirección del Trabajo, son realizados por sus fiscalizadores y muchos trabajadores del sector privado han ganado juicios gracias a los informes de la Dirección del Trabajo, es peligroso entregar esta facultad de investigar estas vulneraciones a los Derechos Fundamentales a la Contraloría, que no tiene tradición.

Además en las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública también existe acoso laboral y discriminación y con este veto quedan completamente afuera, sin un horizonte claro de qué va a pasar con ellos, resaltó Pinilla.

Además, el dirigente dijo que la señal que se da, cuando se trata de compatibilizar el reclamo que yo puedo hacer en la Contraloría, con la denuncia en Los Tribunales es que primero usted reclama en la Contraloría y luego va a los tribunales y eso es peligroso, porque puede dilatar la posibilidad de que el que funcionario público o municipal defienda sus derechos.

En consecuencia, este veto es inadecuado, este veto es inoportuno e injustificado, por eso llamamos a los dirigentes de las asociaciones de funcionarios públicos y municipales a defender el Proyecto en su idea original, a los parlamentarios a mantener el espíritu de defensa de este Proyecto, que permite como dije, que los funcionarios públicos y municipales puedan ir a los tribunales de justicia cuando están siendo acosados, discriminados o abusados en su derecho, insistió.

Al cierre, el presidente de los funcionarios de la Dirección del Trabajo en Biobío, Patricio Pinilla recalcó que Hay que estar alertas para que esto no se transforme en una eterna discusión y que pronto tengamos la posibilidad de poder recurrir a los tribunales de justicia para la defensa de los Derechos Fundamentales de los funcionarios públicos.