Parlamentarios recurren a Contraloría para esclarecer dudas sobre negocio del agua

Una arista política se abrió luego que fueran revelados los montos traspasados desde la Intendencia del Biobío a las empresas constituidas por  el empresario Germán Faúndez para cumplir con el servicio de distribución de agua potable en camiones aljibes desde el 2010 a la fecha.

Más de 23 mil millones de pesos ha facturado el empresario durante todos estos años que lleva como exclusivo proveedor del servicio en la región. Una situación que para el diputado por Biobío, José Pérez, debe ser revisada, para ver de qué manera se pueden administrar de mejor forma los recursos públicos.

“Hay que hacer una comparación entre lo que se hace en la Novena Región, en la Octava o en la Séptima, y la consulta que nos hacemos muchos: ¿Por qué no se llama a licitación cuando sería una forma más fácil de bajar los costos de este trabajo que resulta de un altísimo costo?”, señaló el parlamentario en entrevista con Radio San Cristóbal.

El legislador confirmó que a raíz de la información revelada acudirá a la Contraloría para que investigue y se pronuncie si es que el servicio ha sido otorgado todos estos años de manera correcta y si su ejecución se ha cumplido según los costos que ha tenido para el Estado.

“Aunque creo que ya se está solicitando, pero yo lo voy a pedir personalmente, porque me parece que es una situación que hay que aclararla”, anunció Pérez.

“Entregar agua potable de buena calidad me parece bien, pero hay que hacerlo de la forma que resulte más económicamente posible para no dilapidar los recursos públicos”, agregó el diputado.

Otro parlamentario que se pronunció al respecto fue el diputado Iván Norambuena, quien calificó como un escándalo lo revelado por el reportaje de Ciper, respecto del negocio de la sequía que atañe no sólo a la región del Biobío.

“Nosotros a través de la Cámara de Diputados hemos hecho una solicitud  para que el gobierno dé una explicación y entregue los antecedentes para ver que si las decisiones que se tomaron están o no de acuerdo a la reglamentación vigente para la asignación de los recursos en este tipo de situaciones”, manifestó.

Sobre el asunto, el gobernador de Biobío reconoció que el arriendo de camiones “no es la mejor solución”, dijo, y por lo mismo destacó el impulso que le ha dado el gobierno a los proyectos de Agua Potable Rural (APR) en todo el país. “Hay 8 APR terminados en la Provincia, hay tres en ejecución y dos en licitación”, resaltó la autoridad.

Acerca de los cuestionamientos que ha despertado la relación de proveedor que ha tenido el empresario ligado al arriendo de camiones aljibes con la Intendencia, el gobernador Barceló aclaró que la contratación de estos servicios no pasan por las gobernaciones provinciales.

“A lo más lo que hacemos nosotros son labores de coordinación. Ahora, no le quepa la mayor duda de que si se ha decidido por un empresario, es porque representa las mejores condiciones técnicas y económicas para poder operar. Es preferible tratar con una sola persona y no estar tratando  con siete u ocho, porque eso hace mucho más difícil la gestión”, sostuvo.