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Caso Puerto Coronel: Fiscalía atribuye sustracción de más de $1.022 millones mediante facturas por servicios inexistentes

por Prensa La Tribuna

La causa incluye ocho hechos vinculados a cohecho, soborno, administración desleal y delitos tributarios. Ahora el Ministerio Público puede presentar acusación.

Puerto Coronel. (Foto de contexto) / Diario La Tribuna

La Fiscalía del Bío Bío cerró la investigación del denominado caso Puerto Coronel, luego de reformalizar a ocho imputados y precisar los hechos y calificaciones jurídicas. Entre ellos se encuentran el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, y Eduardo Hartwig, expresidente del directorio de Puerto Coronel.

Con la comunicación del cierre, la Fiscalía queda en condiciones de formular acusación dentro del plazo legal de diez días.

La causa comprende más de $2.500 millones en montos investigados: más de $2.159 millones de perjuicio atribuido a Puerto Coronel por administración desleal; más de $233 millones de perjuicio fiscal asociado a delitos tributarios; y $151 millones en pagos a autoridades comunales vinculados a delitos de cohecho y soborno.

La reformalización precisó ocho hechos, que incluyen cohecho, soborno, administración desleal, facilitación de facturas falsas, declaración maliciosa de impuestos y obtención indebida de devoluciones de impuestos.

Uno de los principales mecanismos investigados corresponde al uso de facturas por servicios inexistentes o previamente pagados. Según la Fiscalía, Hernán Romero Sáez, propietario de Servicios Caryher Limitada, emitía facturas que permitían justificar egresos desde Puerto Coronel y luego devolvía parte del dinero, descontando una suma a su favor. Por esta vía se atribuye la extracción de más de $1.022 millones.

También se investiga una operación de terrenos en la que $425 millones que debían ingresar a Puerto Coronel habrían sido entregados paulatinamente en efectivo entre 2022 y 2023, sin incorporarse a la contabilidad de la compañía.

Respecto de los pagos a autoridades, la Fiscalía atribuye a Boris Chamorro la recepción de $82 millones entre mayo de 2022 y noviembre de 2023, y al entonces concejal Eduardo Araya otros $69,75 millones.

Durante la audiencia, el tribunal aprobó una suspensión condicional del procedimiento respecto de Michelle Prater Holger, quien deberá cumplir diversas condiciones, entre ellas efectuar un aporte de $2,5 millones a Bomberos de Coronel.

La eventual responsabilidad penal de Compañía Puerto de Coronel como persona jurídica por el delito de soborno se investiga en una causa separada.

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