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La región del Biobío fue una de las 12 zonas del país donde se desarrolló la denominada Operación 3D, un amplio operativo coordinado por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) que culminó con 45 personas detenidas, entre ellas ocho menores de edad, por su presunta participación en una organización criminal dedicada a la fabricación y tráfico de armas de fuego, incluidas aquellas elaboradas mediante impresoras 3D.
La investigación, liderada por la Fiscalía Supraterritorial en conjunto con la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente y ejecutada por la Brigada de Crimen Organizado Centro de la PDI, permitió desarticular una estructura con alcance nacional que comercializaba armas, municiones, piezas y componentes utilizando plataformas de mensajería encriptada para ocultar la identidad de sus integrantes. Posteriormente, las armas, municiones, piezas y componentes eran trasladados mediante distintas empresas de courier hacia diversos puntos del país.
El fiscal jefe supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, destacó la magnitud del procedimiento y el trabajo coordinado entre ambas instituciones, señalando que se trató de una investigación que abordó "un fenómeno delictivo que es novedoso", vinculado a la fabricación de armamento mediante tecnología 3D. Agregó que la operación se ejecutó de manera simultánea en 12 regiones del país y que todos los imputados serán formalizados por delitos relacionados con el tráfico de armas y asociación criminal.
De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la organización utilizaba plataformas de mensajería encriptada para ofrecer armas de fuego convencionales, artesanales y fabricadas mediante impresoras 3D, además de municiones, piezas y componentes. Una vez concretadas las transacciones, las armas, municiones, piezas y componentes eran trasladados mediante distintas empresas de courier hacia diversos puntos del país.
Respecto de esta modalidad, el fiscal jefe supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, explicó que "esta investigación ha abordado un fenómeno delictivo que es novedoso, al que no estábamos acostumbrados y que fue apareciendo con el tiempo y que hacía muy difícil su investigación, básicamente porque se desarrollaba a través de sistemas de mensajería encriptada a los que era muy difícil acceder".
Añadió que "esta estructura que se ha desarticulado no es por completo el fenómeno, por supuesto, pero sí es una cantidad importante personas que estaban desarrollando delitos de tráfico de armas y como ha dicho el director también vinculado a innovación en términos de la fabricación a través de impresoras 3D de armas y municiones".
Entre los 45 imputados también figuran personas que ya cumplían condenas por otros delitos. Al respecto, el fiscal jefe supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, precisó que "siete de ellos ya se encontraban privados de libertad por otros delitos en los que incluso en algunos de los cuales habían sido utilizadas armas de este tipo de fabricación 3D".
Asimismo, informó que todos los detenidos enfrentarán la respectiva audiencia de formalización. "Ahí va a haber una imputación por tráfico de armas de fuego, también por asociación criminal, cuyo delito precedente más importante es efectivamente el tráfico de armas de fuego." Agregó que "vamos a hacer una formalización para todos los imputados." Explicó que uno de ellos comparecerá desde Coyhaique, mientras que quienes ya se encontraban privados de libertad participarán de la audiencia mediante videoconferencia.
El persecutor destacó además la coordinación desplegada durante la investigación, subrayando que "enfrentarse a este fenómeno sin un trabajo coordinado a nivel de la Fiscalía y la Policía Investigaciones resulta imposible." En ese contexto, valoró el trabajo conjunto desarrollado en las 12 regiones del país, entre ellas Biobío, y sostuvo que "desde el punto de vista logístico ha sido un procedimiento impecable".
Entre los antecedentes que forman parte de la investigación, el Ministerio Público identificó vínculos entre integrantes de la organización en distintas zonas del país. Al respecto, el fiscal Miguel Ángel Orellana señaló que "Hay conexiones financieras entre los imputados a lo largo de todo el país."
El persecutor agregó que "Se utilizaron técnicas investigativas sofisticadas por parte de la Policía Investigaciones con autorizaciones judiciales conseguidas por el Ministerio Público", diligencias que permitieron avanzar en la desarticulación de la estructura criminal.
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