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La Fiscalía Centro Norte obtuvo una condena de presidio perpetuo contra integrantes de una organización criminal vinculada al Tren de Aragua, tras acreditar su responsabilidad en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. La investigación también permitió obtener condenas por asociación ilícita, tráfico ilícito de drogas y porte ilegal de arma de fuego prohibida.
Las diligencias, lideradas por la fiscal Carolina Suazo, establecieron que la organización operaba principalmente en el centro de Santiago, donde mantenía bajo su control a decenas de mujeres extranjeras captadas en condiciones de extrema vulnerabilidad.
De acuerdo con los antecedentes presentados en el juicio, la red reclutaba a mujeres en Venezuela y otros países de la región, facilitando su ingreso irregular a Chile a través de pasos no habilitados. Una vez en territorio nacional, las víctimas eran sometidas al denominado sistema de la "multa", una deuda ficticia por los gastos de traslado y permanencia, la que debían saldar mediante la explotación sexual.
La organización mantenía a las mujeres hacinadas en departamentos utilizados como centros de acopio, principalmente en un edificio ubicado en calle Lira 499. En esos inmuebles eran vigiladas mediante cámaras de seguridad, privadas de sus documentos de identidad y teléfonos celulares, quedando completamente sometidas al control de los tratantes.
Según acreditó la Fiscalía, las víctimas eran obligadas a ofrecer servicios sexuales en sectores como Plaza de Armas y Vicuña Mackenna, trasladando posteriormente a los clientes hasta habitaciones controladas por la organización en el Portal Fernández Concha.
El juicio también permitió establecer que quienes incumplían los pagos exigidos por la organización eran sometidas a brutales castigos físicos. Entre ellos figuraba el denominado método del "patero", consistente en dispararles en las piernas para infundir temor y asegurar su sometimiento.
Aunque el proceso judicial se centró en siete víctimas plenamente identificadas, entre ellas una adolescente de 17 años, la investigación concluyó que la organización mantuvo bajo explotación a al menos 100 mujeres durante su funcionamiento.
Asimismo, se acreditó que la estructura criminal utilizaba una organización jerárquica y un lenguaje propio para ejercer control sobre las víctimas, aprovechando la coacción psicológica para impedir que muchas de ellas se reconocieran como tales o denunciaran los hechos.
La Fiscalía estimó que la red obtenía ingresos ilícitos superiores a 106 millones de pesos mensuales, equivalentes a más de un millón de pesos por cada mujer explotada. En los 16 meses que operó la organización, las ganancias habrían superado los 1.700 millones de pesos, recursos que eran canalizados mediante cuentas bancarias en Chile antes de ser enviados al extranjero.
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