El séptimo tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago dictó veredicto condenatorio contra 17 acusados, entre médicos y particulares, por los delitos de asociación ilícita, emisión, obtención y tramitación de licencias médicas falsas, fraude de subvenciones y lavado de activos.
El fallo estableció que entre 2020 y 2022 operaron tres estructuras criminales que utilizaban sociedades médicas de fachada para emitir licencias médicas ideológicamente falsas y obtener de manera fraudulenta subsidios por incapacidad laboral financiados por Fonasa e isapres.
La principal organización era liderada por el médico colombiano Samir Enrique Rivaldo Hernández, quien junto a otros facultativos emitió miles de licencias médicas falsas a través de diversas sociedades.
Según el tribunal, esta estructura extendió más de 60 mil licencias fraudulentas, de las cuales más de 50 mil fueron pagadas por Fonasa, generando un perjuicio superior a los $25 mil millones.
Otras dos asociaciones operaban a través de Consulta Médica Prevenir SpA y de una red de diez centros médicos constituidos por Rodrigo Andrés Campos Cuello, los que en conjunto emitieron más de 12 mil licencias adicionales.
La resolución también acreditó el fraude de subvenciones cometido mediante la obtención irregular de subsidios por incapacidad laboral.
En total, los médicos sometidos a juicio provocaron a Fonasa un perjuicio cercano a los $22 mil millones por el pago de aproximadamente 47 mil licencias médicas, además de pérdidas para las isapres Banmédica, Vida Tres, Consalud, Cruz Blanca y Colmena.
Asimismo, cuatro compradores identificados en la investigación adquirieron 55 licencias médicas fraudulentas, de las cuales 44 fueron autorizadas y pagadas, ocasionando un perjuicio superior a los $39 millones.
El tribunal también dio por acreditado el delito de lavado de activos, estableciendo que parte de los recursos obtenidos mediante la venta de licencias médicas falsas fueron ocultados a través de sociedades de papel, cuentas bancarias, transferencias y envíos de dinero al extranjero.
Los fondos habrían sido utilizados para adquirir vehículos, inmuebles e instrumentos de inversión tanto en Chile como en Colombia.
En el ámbito civil, se acogió la demanda del Fisco para obtener la indemnización de los perjuicios ocasionados, cuyos montos serán fijados en la sentencia definitiva, cuya lectura fue programada para el 31 de agosto.
