En estos días nuevamente ha estado presente este tema, principalmente por la apertura de cuadernos de remoción de la Corte Suprema a jueces que utilizaron licencias médicas para viajes fuera del país, incluyendo a una jueza que justamente instruía la investigación por el mega fraude a Fonasa por este mismo tema.

En primer lugar, es necesario establecer que la licencia médica es parte del arsenal terapéutico que posee el profesional de la salud (médico, dentista, matrona) para otorgar un reposo por un tiempo determinado al paciente con la finalidad de facilitar el tratamiento y la recuperación de una determinada enfermedad; queda al criterio y los conocimientos del profesional para definir los días necesarios para obtener dicho fin.

Sin embargo, son muchas las variables que influyen en el otorgamiento del reposo indicado, un aspecto es la ley actual, que deja sin pago alguno al paciente los primeros tres días, pagando sólo aquella licencia de más de diez días, lo que causa un perjuicio al usuario y una presión al profesional para dar más días de lo realmente necesario. Otro aspecto es la reducción discrecional de las licencias, no siendo siempre un médico quien revisa las licencias (en especial en las Isapres) o, por otro lado, una reducción sistemática de las licencias con la certeza de que son pocos los afiliados que reclaman ante Compin pidiendo un pronunciamiento por parte de éste ahorrando así muchos recursos.

El delito de la venta fraudulenta de licencias médicas se anuncia descaradamente a través de redes sociales sin ninguna supervisión ni control por los organismos reguladores, en especial la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).

El costo estimado por licencias médicas fraudulentas y cobros irregulares en Chile supera los $700.000 millones de pesos anuales (unos 750 millones de dólares), afectando críticamente las arcas del sistema de salud.

Nuevamente ha sido la Contraloría la que ha puesto en el tapete de la opinión pública estos hechos que dañan seriamente la salud pública y ponen en tela de juicio la buena fe de prestadores y pacientes que realmente cumplen con la ley. Se ha tejido una red de operadores que trabajan incluso desde el extranjero otorgando licencias fraudulentas, pero no es menos responsable el trabajador deshonesto que compra una licencia para salir de vacaciones o jugar en los casinos, desde jueces hasta los mismos médicos que trabajan en el sector privado están con licencia médica.

Es necesario revisar seriamente la ley y fiscalizar con todo el rigor estos hechos, aplicando las sanciones que correspondan, dando ejemplos de probidad, tanto el poder judicial, los pacientes y los mismos médicos. 

Dr. Luis Correa Devia