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Dos mujeres fueron condenadas por lavado de activos tras recibir dinero y joyas provenientes de robos cometidos en Estados Unidos. La sentencia, obtenida por la Fiscalía de Pudahuel junto a la PDI, constituye la primera condena de este tipo en Chile vinculada a bienes obtenidos mediante delitos cometidos en el extranjero.
La sentencia fue obtenida por el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago, convirtiéndose en la primera condena registrada en el país por lavado de activos basado en bienes obtenidos mediante delitos contra la propiedad cometidos fuera del territorio nacional.
De acuerdo con los antecedentes de la investigación, un grupo de ciudadanos chilenos fue detenido en el estado de Pennsylvania, Estados Unidos, tras ser acusado de participar en una serie de robos a viviendas.
Entre los detenidos se encuentra Jorge Sepúlveda, identificado por la Fiscalía como líder de la organización y hermano de las dos mujeres condenadas en Chile.
La indagatoria estableció que dinero en efectivo, joyas y otras especies obtenidas ilícitamente eran enviadas al país mediante encomiendas internacionales. Posteriormente, familiares y personas cercanas retiraban estos bienes para incorporarlos al circuito económico nacional.
La Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI logró acreditar que Geraldine y Bárbara Sepúlveda recibieron recursos de origen ilícito por montos de 10 mil y 7.500 dólares, respectivamente.
Según determinó la investigación, ambas participaron además en la constitución y administración de un bar financiado con dinero proveniente de los delitos cometidos en Estados Unidos. Para los investigadores, el establecimiento funcionaba como una empresa de fachada destinada a dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos por la organización.
La Fiscalía también acreditó que las condenadas colaboraban en la búsqueda de terceros que recibieran remesas en dólares provenientes de actividades ilícitas.
Las hermanas fueron condenadas como autoras del delito consumado de lavado de activos y recibieron una pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo.
A ello se suma la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer derechos políticos, la inhabilitación para desempeñar cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y una multa equivalente a 100 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
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