La Corte de Apelaciones de Concepción dejó en acuerdo la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público en contra del exfiscal de Los Ángeles, Rodrigo Durán, imputado en una investigación por asociación ilícita y otros delitos vinculados al sistema de administración de justicia penal en la capital provincial de Biobío.
El jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía de Ñuble, Francisco Soto, explicó que la resolución del tribunal de alzada será dada a conocer el próximo 15 de junio, y que este trámite es clave para avanzar en la persecución penal del ex persecutor.
El abogado agregó que la querella de capítulos presentada ante la Corte de Apelaciones de Concepción es una acción judicial que busca habilitar las siguientes etapas del proceso penal en contra de Durán.
INVESTIGACIÓN POR PRESUNTA ASOCIACIÓN CRIMINAL
La causa es liderada por la Fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, y, en el caso de Durán, se investigan los delitos de asociación criminal, violación de secretos y negociación incompatible.
Según el Ministerio Público, la investigación se enmarca en una estructura delictual que habría operado en el sistema de justicia penal en Los Ángeles, donde ya existen otros imputados en prisión preventiva y con diversas medidas cautelares.
En esta causa se encuentran formalizadas y en prisión preventiva la esposa del exfiscal Rodrigo Durán, Andrea Romero Jara, y su socia en un estudio jurídico, Susana Cortés Karmy, por delitos como asociación criminal, tráfico ilícito de armas, soborno, obstrucción a la investigación, acceso indebido a sistemas informáticos y prevaricación del abogado.
A ellas se suma el exdefensor local jefe de Los Ángeles y esposo de Susana Cortés, Patricio Gutiérrez Marinado, formalizado por revelación de secretos y quien mantiene arresto domiciliario nocturno, prohibición de salir del país y de comunicarse con los demás imputados.
Asimismo, el funcionario del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, Nelson Sáez Reyes, está formalizado por cohecho reiterado y cumple arresto domiciliario total, además de prohibiciones de salida del país y de contacto con los otros imputados.
PRESUNTO USO DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CONTACTO CON FUNCIONARIOS JUDICIALES
De acuerdo con la investigación, entre 2017 y marzo de 2025, las abogadas formalizadas atentaron contra el orden social de administración de justicia al cooptar al funcionario judicial Nelson Sáez, encargado de actas del tribunal, para que acomodara audiencias con una magistrada que fallaba en favor de sus intereses. Esta juez de Garantía está imputada en la causa y también enfrenta una querella de capítulos, cuya vista está pendiente en la Corte de Apelaciones de Chillán.
También cooptaron a Patricio Gutiérrez y al exfiscal de Los Ángeles, quienes habrían facilitado la obtención de información desde los sistemas informáticos de la Defensoría y de la Fiscalía, favoreciendo a sus esposas en las defensas de sus clientes.
También, según la Fiscalía, ambas abogadas advirtieron a sus clientes de diligencias reservadas de la Fiscalía y de las policías, les instruían que usaran teléfonos viejos que no se pudieran interceptar, fabricaron una falsa cooperación eficaz y entregaron antecedentes falsos a fiscales, en el marco de las investigaciones que realizaban, entre otras acciones.
DECISIÓN DE LA CORTE Y PRÓXIMOS PASOS
Soto enfatizó en que la aprobación de la querella de capítulos es un requisito indispensable para avanzar en la formalización del exfiscal y la solicitud de medidas cautelares.
"Nosotros creemos que ya estaba lo bastante avanzada la investigación para efectos de poder tener los antecedentes que son necesarios para poder realizar este trámite", sostuvo.
Respecto al fondo del caso, añadió que existen antecedentes suficientes para sostener la imputación.
Finalmente, el abogado indicó que, de ser acogida la querella, se avanzará a nuevas etapas procesales. "Lo que viene naturalmente es la formalización del señor Durán y la solicitud de medida cautelar respecto a él", puntualizó el persecutor.
PRISIÓN PREVENTIVA
En abril recién pasado, la Corte Suprema resolvió mantener en prisión preventiva a las abogadas Susana Cortés Karmy y Andrea Romero Jara, tras rechazar el recurso de amparo presentado ante la Corte de Apelaciones de Concepción, en el marco de una investigación por asociación criminal y otros delitos en Los Ángeles.
La medida ratificó lo ya dispuesto por el Juzgado de Garantía de Los Ángeles el pasado 12 de marzo, donde ambas fueron formalizadas junto a otros imputados en una causa liderada por la Fiscalía Regional de Ñuble.
Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, las abogadas habrían integrado una estructura que operó entre 2017 y marzo de 2025, orientada a intervenir el normal funcionamiento del sistema de justicia.
Para ello, habrían solicitado la cooperación de funcionarios clave dentro del Poder Judicial local, como Nelson Sáez Reyes, encargado de actas del tribunal, quien —según la investigación— facilitaba la coordinación de audiencias con una magistrada también involucrada en la causa.
A esto se suma la participación del exdefensor penal público de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez Marinado —esposo de Cortés—, y de Rodrigo Durán, ex fiscal de Los Ángeles, también imputado, quienes habrían permitido el acceso a información reservada desde los sistemas informáticos de la Defensoría Penal y la Fiscalía. Estos antecedentes eran utilizados, de acuerdo con la indagatoria, para favorecer a sus representados en distintas causas penales.
La investigación también daría cuenta de que las imputadas advertían a sus clientes sobre diligencias reservadas, les instruían utilizar teléfonos no interceptables y habrían simulado colaboraciones eficaces, además de entregar antecedentes falsos al Ministerio Público.
Por estos hechos, Cortés y Romero enfrentan cargos por asociación criminal, cohecho, lavado de activos, acceso indebido a sistemas informáticos, entre otros delitos, además de imputaciones por tráfico de drogas y armas, obstrucción a la investigación y prevaricación.
