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La medida ratifica lo ya dispuesto por el Juzgado de Garantía de Los Ángeles el pasado 12 de marzo, donde ambas fueron formalizadas junto a otros imputados en una causa liderada por la Fiscalía Regional de Ñuble.
Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, las abogadas habrían integrado una estructura que operó entre 2017 y marzo de 2025, orientada a intervenir el normal funcionamiento del sistema de justicia.
Para ello, habrían solicitado la cooperación de funcionarios clave dentro del Poder Judicial local, como Nelson Sáez Reyes, encargado de actas del tribunal, quien —según la investigación— facilitaba la coordinación de audiencias con una magistrada también involucrada en la causa.
A esto se suma la participación del exdefensor penal público de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez Marinado —esposo de Cortés—, y de un fiscal también imputado, quienes habrían permitido el acceso a información reservada desde los sistemas informáticos de la Defensoría Penal y la Fiscalía. Estos antecedentes eran utilizados, de acuerdo con la indagatoria, para favorecer a sus representados en distintas causas penales.
La investigación, desarrollada junto a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policia De Investigaciones, también da cuenta de que las imputadas advertían a sus clientes sobre diligencias reservadas, les instruían utilizar teléfonos no interceptables y habrían simulado colaboraciones eficaces, además de entregar antecedentes falsos al Ministerio Público.
Durante la audiencia de formalización —realizada en marzo—, la Fiscalía presentó audios de WhatsApp y evidencia de accesos irregulares al sistema de la Defensoría Penal Pública, los que, a juicio del ente persecutor, dan cuenta de una coordinación que excedía el ejercicio legítimo de la defensa.
Por estos hechos, Cortés y Romero enfrentan cargos por asociación criminal, cohecho, lavado de activos, acceso indebido a sistemas informáticos, entre otros delitos, además de imputaciones por tráfico de drogas y armas, obstrucción a la investigación y prevaricación.
En tanto, otros involucrados, como el funcionario judicial Nelson Sáez, se mantienen con arresto domiciliario.
Con esta resolución, la causa sigue avanzando en su etapa investigativa, mientras se mantienen las medidas cautelares más gravosas para las principales imputadas del caso.
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