La Contraloría General de la República (CGR) emitió el Dictamen N° D262/2026, mediante el cual aclaró que las municipalidades están facultadas para adquirir, de manera excepcional y transitoria, elementos de protección destinados a alcaldes, concejales y funcionarios municipales que hayan sido víctimas de amenazas vinculadas al ejercicio de sus funciones.
La resolución establece que estas medidas podrán aplicarse cuando existan antecedentes concretos de riesgo para la seguridad personal de las autoridades o trabajadores municipales, y siempre que dichas amenazas hayan sido denunciadas y cuenten con medidas de protección ordenadas por organismos competentes.
Según explicó el organismo contralor, esta posibilidad se sustenta tanto en las atribuciones que tienen los municipios en materia de seguridad pública comunal como en el deber de las autoridades de resguardar condiciones adecuadas para el desempeño seguro de las funciones públicas.
El dictamen precisa que los municipios pueden adquirir elementos destinados a la protección personal cuando ello resulte necesario para garantizar el correcto ejercicio de las labores municipales, particularmente en contextos donde existan riesgos asociados al cargo.
Asimismo, la Contraloría vinculó esta interpretación con el fortalecimiento de la institucionalidad municipal en seguridad pública, contemplado en la Ley N° 21.802, cuya entrada en vigencia está prevista para agosto de 2026.
No obstante, el organismo estableció una serie de condiciones para la entrega de estas medidas de protección. Entre ellas, que tengan un carácter excepcional y temporal, limitado únicamente al período en que persista la amenaza; que exista un informe técnico fundado emitido por organismos policiales competentes o dispuesto por el Ministerio Público; y que la implementación esté sujeta a la disponibilidad presupuestaria de cada municipio.
La CGR también aclaró que, aunque los concejales no se rigen por el estatuto administrativo de los funcionarios municipales, ello no impide que las municipalidades adopten medidas destinadas a proteger su integridad física cuando enfrenten situaciones de riesgo derivadas del ejercicio de sus funciones.
Finalmente, el ente fiscalizador recordó que las amenazas contra autoridades o funcionarios pueden constituir delitos, por lo que deben ser denunciadas ante el Ministerio Público conforme a la normativa vigente.