Este lunes, Joaquín Lavín Infante llegó hasta el Anexo Penitenciario Capitán Pedro Yáber con el objetivo de iniciar los trámites legales que le permitan visitar a su hijo, el exdiputado Joaquín Lavín León. El exparlamentario se encuentra actualmente cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva, decretada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en medio de una profunda investigación por fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado.
El apoyo familiar en un escenario complejo
Desde el exterior del recinto penitenciario, el exalcalde de Las Condes y Santiago abordó el complejo momento familiar que atraviesan, explicando a los medios de comunicación presentes, que su presencia respondía estrictamente a su rol de padre.
Sobre el estado en el que se encuentra el exlegislador al interior de la cárcel, Lavín sinceró que no ha tenido contacto directo y que depende de terceros para saber de él.
El exministro de Desarrollo Social explicó que la visita no pudo concretarse de forma inmediata, ya que el protocolo penitenciario exige un proceso administrativo previo: "Tengo que enrolarme hoy día y en un par de días te dejan visitarlo, pero eso voy a averiguarlo hoy".
Lavín enfatiza en su apoyo familiar
A pocos días de haber negado públicamente cualquier participación en los hechos que investiga la Fiscalía Metropolitana Oriente, Joaquín Lavín Infante reiteró que su prioridad actual es la contención de su hijo
Al ser consultado nuevamente sobre una posible implicancia personal en la causa que afecta a su hijo, el exministro fue tajante en descartar vínculos, aunque se mostró dispuesto a colaborar si fuera necesario.
En la misma línea, hizo un llamado a la cautela y pidió evitar juicios anticipados sobre el escenario judicial del exdiputado.
La investigación del Ministerio Público
El complejo escenario judicial que motivó la prisión preventiva de Joaquín Lavín León está liderado por la Fiscalía, cuyo equipo investigador sostiene que el exdiputado habría defraudado al fisco por una suma que supera los 104 millones de pesos.
Según los antecedentes del caso, estos delitos se habrían materializado a través del uso irregular de asignaciones parlamentarias y la utilización de documentos falsificados con el fin de justificar dichos gastos.