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Según explicó el prefecto de Migraciones, Ernesto León, esto se debe a la falta de relaciones diplomáticas con Venezuela, lo que impide coordinar el retorno de estas personas a su país.
De acuerdo a los datos entregados, cerca de 6 mil ciudadanos venezolanos tienen decretos de expulsión que no se han podido ejecutar.
La principal dificultad es que, sin contacto oficial con las autoridades venezolanas, no se puede confirmar la identidad de las personas ni gestionar su ingreso de regreso. A esto se suma que los vuelos de expulsión hacia ese país están suspendidos desde junio de 2025.
El problema no es solo diplomático. Cada expulsión tiene un costo cercano a los 3 millones de pesos, considerando pasajes, personal policial y medidas de seguridad.
Con una cifra estimada de cientos de miles de migrantes en situación irregular, el proceso se vuelve difícil de sostener a gran escala.
Esto quedó en evidencia en el último vuelo realizado por el Gobierno: se expulsó a 40 personas, pero ninguna era venezolana.
La situación se da en medio de la discusión de un proyecto de ley que busca castigar el ingreso ilegal al país. Sin embargo, algunos parlamentarios advierten que endurecer las normas podría no ser suficiente si no existe la capacidad real de ejecutar las expulsiones. Incluso, señalan que esto podría generar más presión en cárceles o acumular órdenes que no se cumplen.
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