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La instancia judicial incluyó el control de detención y la formalización de cargos, donde el Ministerio Público imputó a los jóvenes por el delito de atentado contra la autoridad, hecho que generó indignación en distintos sectores.
Durante la audiencia, la Fiscalía de Valdivia solicitó arresto domiciliario nocturno, considerando la gravedad de los hechos. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad Pública —en calidad de querellante— se pidió una medida más estricta: la prisión preventiva.
Ambas solicitudes fueron descartadas por el magistrado, quien estimó que no se cumplían los requisitos para aplicar cautelares de mayor intensidad en esta etapa del proceso.
Pese a quedar en libertad, los imputados deberán cumplir con una serie de restricciones mientras se desarrolla la investigación:
El juez argumentó que estas medidas son, por ahora, suficientes para garantizar el desarrollo del procedimiento judicial.
La resolución representa un revés para la postura inicial del Ejecutivo, que había manifestado su intención de impulsar sanciones ejemplificadoras frente a hechos de violencia política.
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