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Una seguidilla de amenazas y hechos vinculados a situaciones de riesgo en establecimientos educacionales han encendido las alertas en la provincia de Biobío, configurando un fenómeno que ha ido escalando en pocos días y que mantiene en alerta a comunidades escolares y autoridades.
El origen de estos episodios se remonta al 1 de abril en la comuna de Alto Biobío, donde se activaron protocolos preventivos tras la difusión de mensajes en redes sociales asociados a posibles ataques en recintos educacionales.
La situación afectó a la Escuela E-970 y al Liceo de Ralco, generando coordinaciones con Carabineros, la Policía de Investigaciones y equipos de seguridad pública.
A diferencia de los casos posteriores, en este episodio no se registró suspensión de clases, tratándose de una alerta preventiva que marcó el inicio de un fenómeno que con el paso de los días fue escalando en gravedad.
El segundo episodio se registró el 9 de abril en la comuna de Los Ángeles, cuando una amenaza dirigida contra un estudiante del Liceo Comercial Diego Portales Palazuelos provocó un amplio despliegue policial.
El procedimiento incluyó la presencia de Carabineros en las inmediaciones del recinto, mientras la situación era investigada por instrucción de la Fiscalía.
Debido a este hecho, la jornada escolar finalizó de manera anticipada y las clases fueron suspendidas para el día siguiente, en una medida adoptada para resguardar la seguridad de la comunidad educativa frente a un escenario que generó inquietud entre estudiantes, docentes y apoderados.
Con el paso de los días, los casos comenzaron a replicarse en otras comunas. Es así que, en Laja, el Liceo Polivalente Hermanas Maestras de la Santa Cruz, anunció la suspensión de clases para hoy (miércoles) tras detectarse, en la víspera, amenazas al interior del establecimiento, específicamente en un mensaje escrito en los baños del recinto.
La decisión se adoptó luego de activar el Plan Integral de Seguridad Escolar y coordinar acciones con Carabineros y autoridades educacionales, con el fin de realizar pericias y garantizar condiciones seguras para el retorno.
De igual forma, en Mulchén, dos establecimientos educacionales —los liceos Miguel Ángel Cerda Leiva y Crisol— debieron suspender este martes sus actividades debido a amenazas de tiroteo, ampliando el foco de preocupación en la provincia y evidenciando un patrón que ha comenzado a repetirse.
Lo propio ocurrió en Los Ángeles con la no realización de actividades en los colegios San Rafael Arcángel, Alto Lauquén y Marta Brunet.
ALCALDE JOSÉ PÉREZ POR DENUNCIAS
Frente a este escenario, el alcalde de Los Ángeles, José Pérez, advirtió sobre la gravedad del fenómeno y detalló que el municipio ya ha adoptado medidas preventivas en coordinación con las comunidades educativas.
"En general, respecto del sistema educacional, ya hemos sostenido reuniones con todo el personal y con los directores, con el objetivo de prevenir situaciones complejas al interior de los establecimientos, que son muy graves", señaló.
La autoridad comunal reconoció que ya se han registrado casos en la comuna, lo que ha obligado a reforzar la seguridad en los recintos.
"Esperamos que no continúen, resguardando la seguridad dentro de los recintos, incluso con presencia de personal en horarios de salida, donde en ocasiones se producen conductas preocupantes entre los propios jóvenes", indicó.
Asimismo, Pérez apuntó a la necesidad de una respuesta más amplia desde el nivel central. "Frente a situaciones como las amenazas de tiroteo que se han visto en el país y que obligan a suspender clases, creemos que son medidas que deben abordarse a nivel del Ejecutivo. Aquí es fundamental poner orden, garantizar seguridad y tranquilidad para la población", sostuvo.
En esa misma línea, enfatizó que "debemos tomar las medidas necesarias para que quienes están generando temor y alterando la tranquilidad pública dejen de hacerlo, porque este tipo de acciones no conducen a nada y solo afectan el normal desarrollo de las actividades".
PRIMERA REUNIÓN DE SEGURIDAD
El escenario llevó además a la materialización de una reunión de seguridad encabezada por autoridades de Gobierno para coordinar acciones frente a la situación.
Al respecto, el delegado presidencial provincial de Biobío, Juan Pablo Mellado, confirmó realización de esta instancia, en la que participaron representantes del ámbito educativo, municipal y policial.
"Es preocupante lo que hemos estado viviendo. Esto está tomando ribetes a los cuales no podemos exponer a nuestros alumnos, a nuestros niños, por lo tanto, le estamos dando celeridad a cumplir con un protocolo y definir acciones lo más rápido posible", afirmó.
Asimismo, destacó que ya se adoptaron medidas concretas tras el encuentro. "Como primera reunión ya tomamos bastantes decisiones, las cuales se van a empezar a aplicar desde ya", puntualizó.
En tanto, la seremi de Educación, Teresa Carrasco, detalló que la reunión permitió avanzar en la elaboración de un protocolo común para enfrentar estas amenazas.
"Efectivamente acabamos de terminar esta reunión donde participaron distintos sostenedores y el Departamento Provincial, y se llegó a que es necesario aplicar un protocolo único que se va a elaborar como producto de esta mesa de trabajo", explicó.
La autoridad educacional añadió que este instrumento será desarrollado con rapidez. "Va a tener celeridad para que contemos con este recurso en el corto plazo", indicó, enfatizando que ya se han activado medidas en los establecimientos afectados.
"Se han levantado todos los protocolos en los establecimientos donde ha ocurrido una amenaza, se ha informado a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, reafirmando que esto es un delito y que requiere investigación por parte de la Fiscalía", precisó.
Asimismo, la seremi hizo un llamado a la responsabilidad de las familias y estudiantes. "El primer llamado es a concientizar a los apoderados y a los estudiantes en que estos hechos son de violencia y pueden constituir delito", sostuvo.
Finalmente, Carrasco vinculó estas acciones con iniciativas legales en curso. "La semana pasada el Presidente (de la República) presentó proyectos de ley que buscan devolver la autoridad a los establecimientos educacionales y especialmente a los docentes", señaló.
El conjunto de estos episodios refleja un fenómeno que, en pocos días, pasó de alertas preventivas a situaciones que han obligado a suspender clases y activar protocolos de emergencia en distintas comunas.
Un escenario que no solo tensiona a las comunidades educativas, sino que también instala un desafío mayor para las autoridades, en términos de prevención, control y respuesta oportuna frente a hechos que impactan directamente en la seguridad y el bienestar de estudiantes y familias.
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