La semana pasada, la Fiscalía Regional de Ñuble ingresó ante la Corte de Apelaciones de Concepción una querella de capítulos en contra de la jueza de Garantía de Los Ángeles, Cherie Palomera, en el marco de una investigación por una presunta red de corrupción judicial.
Esto, porque -de acuerdo con el Ministerio Público- la magistrada estaría vinculada a una estructura ligada presuntamente a un caso de corrupción judicial conformada por dos abogadas —Susana Cortés y Andrea Romero— junto a sus respectivos cónyuges, un exfiscal y un exdefensor penal de Los Ángeles.
La acción judicial constituye un requisito previo para avanzar en la formalización de la jueza, actualmente imputada por el delito de prevaricación. De acuerdo con los antecedentes recopilados por la Fiscalía, la magistrada habría intervenido en diversas causas en las que dos abogadas —con quienes mantenía una relación personal— asumían la defensa de imputados vinculados a delitos de narcotráfico, lo que podría configurar un eventual conflicto de interés.
Asimismo, durante los próximos días la Fiscalía Regional de Ñuble debería presentar una segunda querella de capítulos; esta vez, en contra del destituido fiscal Rodrigo Durán, de Los Ángeles, quien es investigado como presunto autor del delito de violación de secreto.
En específico, se le atribuye haber entregado antecedentes reservados de causas por tráfico de drogas a su cónyuge, la abogada Andrea Romero.
¿QUÉ ES UNA QUERELLA DE CAPÍTULOS?
La querella de capítulos es una acción judicial especial del sistema penal chileno, que opera como un requisito previo indispensable para perseguir la responsabilidad penal de determinadas autoridades, como jueces, fiscales judiciales y fiscales del Ministerio Público.
Así lo explicó el académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián, Pablo Fuenzalida, quien detalló que este mecanismo consiste en una revisión previa del mérito de las acusaciones.
"Se trata de analizar si existen fundamentos suficientes para iniciar un proceso penal en contra de estos funcionarios", indicó.
A diferencia de una querella común, este procedimiento no se presenta directamente ante un Juzgado de Garantía, sino que debe ser conocido -inicialmente- por la respectiva Corte de Apelaciones y, eventualmente, por la Corte Suprema, instancias encargadas de evaluar si la acusación cuenta con antecedentes suficientes.
Este recurso procede exclusivamente respecto de autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales o vinculadas al sistema de justicia.
En ese sentido, Fuenzalida precisó que se aplica cuando el Ministerio Público ha desarrollado una investigación por eventuales delitos cometidos en el ejercicio del cargo y considera que existen méritos para formalizar y acusar.
De esta forma, la querella de capítulos actúa como un filtro previo que busca resguardar tanto la seriedad de las acusaciones como la estabilidad institucional
El procedimiento se activa cuando la Fiscalía estima que existen antecedentes suficientes. En ese caso, presenta la querella ante la Corte de Apelaciones correspondiente, la cual debe pronunciarse sobre si hay mérito para continuar con la acción penal. Este paso también es obligatorio si se pretende solicitar medidas cautelares, como la prisión preventiva.
Respecto de su resolución, la querella de capítulos puede ser admitida o rechazada. Si es desestimada, no se puede avanzar en la persecución penal. En cambio, si es acogida, se habilita la continuación del proceso penal de forma regular.
En ese escenario, el funcionario involucrado es suspendido de sus funciones y se da paso a etapas como la formalización de la investigación y la eventual discusión de medidas cautelares.
Este mecanismo, de carácter excepcional, responde a la naturaleza de los cargos que desempeñan estas autoridades, estableciendo un estándar más exigente antes de someterlas a un proceso penal, a diferencia de lo que ocurre con cualquier ciudadano frente a una querella común.
CASOS EMBLEMÁTICOS RECIENTES
En los últimos años, el sistema judicial chileno ha enfrentado una serie de casos de alta connotación pública que han puesto en cuestión la probidad de sus autoridades y han activado mecanismos excepcionales de persecución penal, como la querella de capítulos.
Estas acciones judiciales han permitido abrir investigaciones en contra de jueces y fiscales por eventuales delitos asociados al ejercicio de sus funciones, en causas que han marcado la agenda institucional en el último tiempo.
Uno de los episodios más relevantes corresponde al caso de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, contra quien también se presentó una querella de capítulos en el marco de una investigación en su contra por delitos de cohecho agravado, prevaricación judicial y revelación de secretos, en una causa vinculada a la empresa Belas Movitec SpA (caso denominado "muñeca bielorrusa"). De acuerdo con los antecedentes, se le atribuye haber dictado resoluciones favorables a cambio de beneficios económicos.
Previamente, el 16 de octubre de 2024, el Senado aprobó una acusación constitucional en su contra, lo que derivó en su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de cinco años.
En septiembre de 2024, Vivanco se vio involucrada en el caso Hermosilla, por sus vínculos y eventual tráfico de influencias con el abogado Luis Hermosilla, acusado de soborno y lavado de activos.
La Corte Suprema inició un cuaderno de remoción de su cargo, el que fue aprobado por unanimidad el 10 de octubre del 2024. De esta forma, Vivanco se transformó en la segunda ministra en ser destituida de su cargo en la Corte Suprema en los últimos 25 años.
Otro caso emblemático es el del exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, cuya situación judicial se ha visto agravada tras la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago de decretar su prisión preventiva en marzo de 2026. Guerra está imputado por cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa, en el contexto de su relación con el abogado penalista Luis Hermosilla, y en el marco de la investigación del denominado Caso Audio. Previamente, la Corte de Santiago había acogido una querella de capítulos en su contra, vinculándolo a la filtración de información reservada en causas de alto impacto, como los casos Penta, Dominga y la Operación Huracán.
En esta misma línea, la arista que involucra al denominado Caso Hermosilla también ha derivado en acciones judiciales contra otros fiscales.
Es el caso de Carlos Palma Guerra, exfiscal regional de Aysén, quien fue formalizado en octubre de 2025 por el delito de violación de secretos, tras ser acusado de compartir antecedentes confidenciales de una investigación por tráfico de drogas.
En su contra, la justicia declaró admisible una querella de capítulos y decretó la medida cautelar de arraigo nacional, en el marco de una indagatoria que continúa en desarrollo.
