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El caso quedó al descubierto en un informe reservado de 32 páginas, elaborado tras un requerimiento parlamentario, que da cuenta de gestiones realizadas por Manuel Nájera De Ferrari, entonces jefe de asesores de la cartera, previo al ingreso de la paciente al recinto asistencial.
De acuerdo con los antecedentes, el 23 de diciembre de 2025, alrededor de las 10:00 horas, el asesor habría establecido comunicación con distintos directivos del hospital para informar sobre el traslado de la paciente hacia la Unidad de Emergencia.
Estas acciones derivaron en coordinaciones internas entre autoridades del recinto, incluyendo jefaturas médicas y personal de enfermería. Horas más tarde, cerca de las 14:30, el propio asesor se presentó en dependencias administrativas para advertir la inminente llegada de la entonces secretaria de Estado.
Para el organismo fiscalizador, este tipo de gestiones podría contravenir la normativa vigente que prohíbe a funcionarios públicos utilizar su posición para favorecer a terceros.
Uno de los puntos más sensibles del informe dice relación con la comparación de tiempos de atención. Mientras la paciente fue evaluada en menos de seis horas, otros usuarios con cuadros clínicos similares permanecían en espera por periodos considerablemente más extensos, algunos incluso superiores a 40 y hasta 120 horas por una cama básica.
El documento es categórico en señalar que no existen fundamentos que respalden una eventual priorización, advirtiendo que la situación observada tensiona el principio de igualdad ante la ley.
La investigación también detectó inconsistencias en el registro clínico. Específicamente, se identificó una modificación en la ficha médica realizada el 24 de diciembre utilizando credenciales de una funcionaria que no se encontraba presente en el recinto al momento del cambio.
A ello se suma que la paciente habría ingresado a pabellón fuera de la programación oficial, lo que implicó la postergación de una cirugía y la suspensión de otras dos intervenciones, en un contexto donde decenas de pacientes aguardaban procedimientos desde hacía varios días.
Desde la dirección del Hospital del Salvador reconocieron la existencia de comunicaciones entre el asesor ministerial y el equipo interno, aunque descartaron que estas hayan derivado en un trato preferente. Según indicaron, no se entregó información clínica ni se instruyó priorización alguna.
En la misma línea, la exministra Aguilera ha reiterado públicamente que no existió ningún tipo de privilegio en la atención de su madre.
Por ahora, el recinto asistencial informó que se encuentra revisando los antecedentes antes de emitir un pronunciamiento oficial, mientras la Contraloría avanza en el proceso administrativo que deberá esclarecer eventuales responsabilidades.
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