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Según explicó la máxima autoridad del Ministerio Público, la fiscal general estadounidense, Bondi, junto a su equipo, manifestó la disposición del organismo norteamericano a continuar colaborando activamente con las investigaciones que desarrolla Chile.
"Nos transmitieron la disposición del Departamento de Justicia de Estados Unidos a seguir cooperando en el esclarecimiento del homicidio del teniente Ronald Ojeda", afirmó Valencia, destacando que dicha colaboración incluye compartir antecedentes, evidencias y cualquier información relevante que surja de las indagatorias que se desarrollan en ese país.
Uno de los puntos abordados durante la reunión fue la eventual solicitud para tomar declaración a Nicolás Maduro, en el marco de las diligencias que buscan aclarar el crimen.
El fiscal nacional explicó que, al tratarse de una persona que no se encuentra en territorio chileno, el procedimiento exige solicitar cooperación internacional a las autoridades del país bajo cuya jurisdicción se encuentre.
En ese contexto, detalló que el equipo investigador —liderado por el fiscal Héctor Barros— ya preparó un cuestionario con preguntas que podrían ser remitidas a través de los canales formales entre ambas fiscalías.
No obstante, Valencia aclaró que la concreción de esta diligencia también dependerá de la disposición del propio Maduro para colaborar con la investigación.
El encuentro se extendió por cerca de 45 minutos en la sede del Departamento de Justicia en Washington, instancia que el fiscal nacional calificó como "muy positiva".
Durante la reunión se abordaron distintos temas vinculados a la cooperación bilateral en materia de persecución penal, especialmente en delitos asociados al crimen organizado transnacional. Entre ellos, destacó el combate al Tren de Aragua, el lavado de activos, la recuperación de dineros provenientes de actividades ilícitas y la coordinación investigativa entre ambos países.
Otro de los asuntos tratados fue una investigación que se desarrolla en el norte del país por presunto lavado de activos vinculados a fraudes cometidos en Estados Unidos.
Según explicó Valencia, las diligencias —con epicentro en la ciudad de Iquique— apuntan a movimientos financieros que superarían los 180 millones de dólares, dinero que habría circulado por el sistema financiero chileno tras ser obtenido mediante estafas que afectaron a ciudadanos estadounidenses.
De acuerdo con el fiscal nacional, las autoridades norteamericanas ya estaban al tanto de este caso y valoraron el trabajo conjunto que se ha desarrollado entre ambas naciones.
"Nos reiteraron su disposición a seguir trabajando juntos y a mantener la cooperación en beneficio de ambos países", concluyó.
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