Prisión preventiva para ciudadano extranjero por homicidio en Coquimbo

El Ministerio Público, por intermedio del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios, formalizó a un ciudadano de nacionalidad colombiana, identificado con las iniciales I.M.C.S. de 37 años, por su responsabilidad en un homicidio perpetrado el 3 de marzo de 2026 en las cercanías de la intersección de las calles Melgarejo y Freire, en la comuna de Coquimbo.

De acuerdo con los antecedentes de la indagatoria, el imputado y otros tres individuos persiguieron a la víctima por la vía pública hasta darle alcance. En ese lugar, los atacantes arrojaron elementos contundentes, lo agredieron con un arma cortopunzante y le quitaron un fierro que la propia víctima portaba, el cual utilizaron para continuar el ataque. A raíz de estas graves agresiones, el afectado sufrió lesiones que le provocaron la muerte.

Personal de seguridad de la municipalidad retuvo al ciudadano extranjero en el sitio del suceso y lo entregó a los funcionarios de Carabineros. Posteriormente, la Fiscalía controló la detención del individuo el lunes recién pasado, instancia que se amplió hasta la jornada de este viernes para llevar a cabo la formalización.

Durante la audiencia, el fiscal Ricardo Soto exhibió diversas pruebas, destacando los registros audiovisuales que captaron el actuar de los involucrados. Al respecto, el persecutor detalló el origen de la evidencia probatoria con la siguiente declaración: "La participación del imputado se determinó en base a los videos de cámaras de seguridad del servicio de Aduanas y de Seguridad Municipal. Además contamos con las declaraciones de personal de Carabineros y de funcionarios municipales quienes fueron los primeros en llegar al lugar de los hechos. Por ahora estamos trabajando en determinar las identidades de los co - partícipes".

Tras la exposición de estos antecedentes, el representante del Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para el sujeto, requerimiento que el Juzgado de Garantía porteño concedió de manera favorable. Finalmente, el tribunal fijó un plazo de 90 días para que concluyan las diligencias que los equipos investigativos desarrollan de manera conjunta con la Policía de Investigaciones de Chile.