La Fiscalía de Los Vilos formalizó por el delito de tráfico de drogas a un individuo que Carabineros detuvo tras descubrir un cuantioso cargamento de sustancias controladas.
El procedimiento ocurrió durante la noche del 5 de marzo de 2026 en las inmediaciones del peaje de Puerto Oscuro, emplazado en la comuna de Canela.
En el marco de una serie de fiscalizaciones vehiculares de carácter preventivo, los efectivos policiales controlaron un furgón que transitaba por la ruta. Al inspeccionar el interior de la máquina, los funcionarios descubrieron que el chofer trasladaba diversas cajas que albergaban 2100 frascos de jarabe para la tos, compuestos por elementos regulados como la codeína y la pseudoefedrina. El transportista no portaba ningún tipo de permiso que avalara el traslado o la futura venta de los productos.
Respecto a la dinámica del decomiso, la fiscal de Los Vilos, Lady Dubó, explicó que la policía incautó "2100 jarabes para la tos con estos componentes como codeína y pseudoefedrina, sin contar con la autorización para su transporte y comercialización de estos elementos".
Respecto a la dinámica del decomiso, la fiscal de Los Vilos, Lady Dubó, explicó que la policía incautó "2100 jarabes para la tos con estos componentes como codeína y pseudoefedrina, sin contar con la autorización para su transporte y comercialización de estos elementos".
Tras su aprehensión, el sujeto pasó a la respectiva audiencia de control de detención, escenario donde el Ministerio Público levantó los cargos formales y solicitó aplicar la máxima medida cautelar.
Durante su exposición ante el juzgado, la persecutora profundizó en los riesgos asociados al volumen de la mercancía. "Su libertad, estimamos, era peligrosa para la seguridad de la sociedad por la cantidad de jarabes que iban a ser puestos a disposición de la población sin ninguna autorización y el tribunal estimó que había una necesidad de cautela en orden a resguardar los intereses de seguridad de la sociedad", argumentó la abogada.
Finalmente, el tribunal acogió los antecedentes expuestos por la Fiscalía, decretó la prisión preventiva del imputado y fijó un plazo de 70 días para llevar a cabo la investigación de los hechos.