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La Tribuna

Expulsan a turistas rusos por encender cocinilla en Torres del Paine

por Sofía Meier Améstica

Los infractores no podrán regresar a Chile durante tres años y quedaron bajo vigilancia institucional hasta saldar la multa.

Torres del Paine / Contexto

El Juzgado de Garantía de Puerto Natales ratificó una suspensión condicional del procedimiento contra dos ciudadanos de nacionalidad rusa que vulneraron las normativas de seguridad del Parque Nacional Torres del Paine. El incidente movilizó de inmediato al personal de seguridad del recinto y activó los protocolos de expulsión tras comprobarse el uso de fuego en una zona estrictamente protegida.

El ilícito ocurrió el jueves pasado cerca de las 15:45 horas. De acuerdo con los antecedentes presentados por el Ministerio Público, los guardaparques de Conaf sorprendieron a los extranjeros en el sector del mirador "Base Torres" mientras operaban una "cocinilla de gas propano", elemento totalmente restringido en el área. Ante esta situación de alto riesgo, los funcionarios concretaron su salida del parque y, posteriormente, personal de Carabineros los detuvo para ponerlos a disposición de la justicia.

Durante la respectiva audiencia, la magistrada Marianela Chacur Benítez determinó diversas sanciones económicas y cautelares para los responsables. Como salida alternativa, el tribunal ordenó que cada imputado deberá efectuar una "donación de tres millones de pesos" en favor del Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza. Para garantizar este pago, la jueza dictó la medida de "arraigo nacional", la cual impidió su salida del país hasta que acreditaran la totalidad de las donaciones estipuladas.

Asimismo, la justicia prohibió a los turistas el ingreso a cualquier área silvestre protegida o monumento nacional durante el resto de su estadía. El tribunal fijó el domingo 1 de marzo como la fecha máxima para que los involucrados abandonen Chile de forma definitiva.

A nivel administrativo, se estableció una sanción adicional que "les impedirá retornar a Chile por un período de tres años". Esta medida buscó generar un precedente preventivo frente a conductas negligentes que amenazan la biodiversidad y propician incendios forestales. Hasta el momento de su salida por las fronteras chilenas, ambos sujetos "permanecerán bajo vigilancia institucional" para verificar el cumplimiento íntegro de las resoluciones.

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