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El Segundo Juzgado Civil de Santiago ordenó al Fisco desembolsar una importante compensación económica a un joven de 22 años y a su madre. La resolución judicial llegó tras comprobarse que el afectado permaneció más de un año en prisión preventiva por un delito de robo en el cual no tuvo ninguna participación.
Según explicó ADN Radio, la pesadilla del joven comenzó cuando el Ministerio Público basó su acusación en un procedimiento visual defectuoso. Durante la indagatoria, las autoridades utilizaron una imagen que correspondía a la época en que el imputado tenía apenas 16 años. Dicha investigación deficiente ignoró pruebas científicas fundamentales que habrían descartado su culpabilidad desde el primer día.
El fallo del tribunal calificó el desempeño del ente persecutor como injustificadamente erróneo, argumentando que la Fiscalía privilegió un registro visual poco confiable por sobre evidencias objetivas como el análisis de huellas dactilares. Solo después de doce meses de encierro, la causa se desestimó al identificarse a los verdaderos autores del ilícito mediante pruebas contundentes. El documento judicial señaló expresamente que la privación de libertad resultó ser consecuencia directa de una investigación que priorizó antecedentes probatorios defectuosos.
Respecto a la reparación económica, el dictamen fijó un pago de 30 millones de pesos por concepto de daño moral para el joven afectado. Adicionalmente, los tribunales sumaron más de 5 millones por lucro cesante y otros 20 millones destinados a su madre, quien también enfrentó las duras consecuencias de este proceso judicial. De esta manera, el monto total a pagar por parte de las arcas fiscales superará los 55 millones de pesos, cerrando un complejo capítulo de negligencia institucional.
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