La mañana del lunes comenzó con un fuerte contingente policial en la intersección de Camino a Melipilla con Pajaritos, en la comuna de Maipú. Las autoridades dieron inicio al proceso de desalojo y posterior demolición del campamento Santa Marta, un asentamiento que albergaba a más de un centenar de familias en una zona catalogada de alto riesgo.
Según explicó ADN, el operativo, programado para extenderse durante dos jornadas, apuntó a la recuperación de un bien nacional de uso público. La administración municipal justificó la medida administrativa debido a la peligrosidad del terreno, el cual colinda con una vía de alto tráfico y se ubica sobre gasoductos y oleoductos, lo que representaba una amenaza latente para la seguridad de los residentes.
Efectivos de Carabineros derribaron un portón artesanal que los vecinos instalaron para bloquear el acceso. Durante la intervención, se produjeron enfrentamientos que derivaron en la detención de al menos dos personas. La resistencia de los pobladores marcó el desarrollo de la diligencia, quienes alegaron falta de información oportuna sobre el procedimiento.
El catastro oficial indicó la presencia de 102 hogares conformados por 375 personas, grupo que incluyó a 150 niños, niñas y adolescentes. La situación de los menores generó preocupación entre las autoridades, pues varios permanecían al interior de las viviendas ligeras cuando comenzó el despliegue de las fuerzas de orden.
Una de las residentes expresó su negativa a abandonar el sitio y aseguró que se mantendría en el lugar hasta las últimas consecuencias, incluso con sus hijos presentes. Esta postura reflejó el clima de tensión que se vivió durante las primeras horas de la erradicación.
En paralelo a la acción en terreno, la Municipalidad de Maipú presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra una dirigente del campamento. El municipio acusó a esta persona de realizar cobros indebidos a familias vulnerables a cambio de promesas de soluciones habitacionales y judiciales que carecían de sustento legal, lo cual habría incentivado la resistencia al desalojo.
Pese a que el gobierno local ofreció un plan de apoyo que contempló traslados, subsidios de arriendo y acompañamiento social para 81 familias calificadas, solo cerca de 50 personas se adhirieron voluntariamente al programa antes de la intervención. Las autoridades reiteraron que no existía ninguna acción judicial vigente que impidiera el desalojo administrativo del sector.