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El Supremo Tribunal Federal de Brasil dio luz verde a la extradición de Martín de los Santos Lehmann (32), imputado por la agresión de extrema violencia perpetrada en mayo de 2025 contra Guillermo Oyarzún, conserje de 70 años, en la comuna de Vitacura.
La decisión del máximo tribunal brasileño se adoptó luego de que De los Santos aceptara el procedimiento de extradición simplificada, mecanismo que permitió agilizar su retorno al país y que se enmarca en el Acuerdo de Extradición del Mercosur, vigente entre Brasil, Chile y otros Estados de la región.
De acuerdo con los antecedentes reunidos por el Ministerio Público, el imputado atacó reiteradamente en el rostro al trabajador, provocándole lesiones de alta gravedad. La víctima debió someterse a una cirugía maxilofacial, quedó con pérdida de visión en un ojo y sufrió anosmia total, es decir, pérdida completa del sentido del olfato.
La Fiscalía formalizó a De los Santos por lesiones graves, lesiones leves a personal de Carabineros y amenazas, cargos que se sostienen en informes médicos, testimonios y registros recabados durante la investigación.
Tras su formalización inicial, el imputado quedó sujeto a medidas cautelares de firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima y al edificio donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, el 19 de junio de 2025 abandonó el país con destino a Brasil, incumpliendo dichas obligaciones y sin comparecer a una audiencia de revisión de medidas.
Ante su inasistencia, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago decretó su prisión preventiva el 23 de junio. Posteriormente, De los Santos fue ubicado y detenido en territorio brasileño, iniciándose el proceso de extradición solicitado por el Estado chileno.
Según el Código Penal chileno, el delito de lesiones graves puede implicar presidio menor en su grado medio, con penas que van desde 541 días a 3 años, cuando existe incapacidad laboral prolongada. No obstante, si el tribunal califica las secuelas como lesiones gravísimas —como la pérdida de visión—, la sanción puede escalar a presidio mayor en su grado mínimo, es decir, entre 5 años y 1 día hasta 10 años.
A ello se suma una agravante legal, ya que la víctima es adulto mayor, circunstancia contemplada en el artículo 12 N°21 del Código Penal. Los delitos de amenazas y lesiones leves a funcionarios policiales podrían derivar en penas adicionales.
La Fiscalía Nacional confirmó que el traslado del imputado a Chile se concretaría en un plazo cercano. Una vez en el país, el tribunal deberá definir la calificación jurídica definitiva de las lesiones y dar curso al juicio oral, etapa clave para determinar las responsabilidades penales del acusado.
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