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Esta semana, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y envió al Senado un proyecto de ley que endurece las sanciones para quienes participen u organicen este tipo de prácticas.
La iniciativa busca frenar las carreras no autorizadas y otras conductas riesgosas en la vía pública, como derrapes, trompos o maniobras peligrosas, cuando se realicen sin permiso de la autoridad y pongan en peligro la integridad de terceras personas.
En esa línea, el proyecto propone que si una persona participa en una carrera clandestina y no se producen daños, igual arriesga cárcel de 61 días a 3 años, además de una multa de entre 2 y 10 UTM, lo que hoy equivale aproximadamente a $139 mil a $697 mil.
Si durante la carrera se provocan lesiones menos graves o graves, la pena sube a entre 541 días y 5 años de cárcel, más una multa de 4 a 12 UTM (hasta unos $837 mil).
Cuando el resultado es aún más grave —como discapacidad o deformidad permanente—, la pena se fija entre 3 y 5 años de cárcel.
En los casos más extremos, cuando una carrera clandestina termina con la muerte de una persona, la sanción puede llegar hasta 10 años de prisión.
En estos escenarios también se contempla el decomiso del vehículo, multas que pueden llegar hasta 50 UTM (más de 3 millones de pesos) y la prohibición de por vida para conducir.
El proyecto no solo apunta a los conductores. Quienes organicen carreras clandestinas también arriesgan sanciones: cárcel de 61 a 541 días y multas que van desde 8 a 50 UTM.
La ley considera como agravante que estas carreras se realicen cerca de colegios, hospitales u otros lugares con mucha gente, especialmente en zonas urbanas o donde el límite de velocidad sea de 50 km/h o menos.
Esta medida se adopta tras una serie de reportajes exhibidos a nivel nacional, que dejaron en evidencia la organización a gran escala y la vasta participación ciudadana que presentan este tipo de actividades clandestinas en Los Ángeles.
En particular, aquellas que, durante cuatro días a la semana, se toman la avenida Las Industrias.
Ahora el proyecto deberá ser discutido en el Senado, donde podría convertirse en ley.
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