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La Tribuna

Madre de reo decapitado en Concepción interpone demanda contra el Estado

por Sofía Meier Améstica

La demanda por falta de servicio está en proceso de notificación al Consejo de Defensa del Estado, y busca sancionar la negligencia de Gendarmería al mezclar a una persona de bajo compromiso delictual con otro peligroso, incumpliendo las normas de clasificación de internos.

Gendarmería / Contexto

Una demanda fue presentada contra el Estado de Chile a raíz del asesinato de Vincent González Aguirre, un interno decapitado el año pasado en la cárcel de Concepción. La acción legal civil, interpuesta por Glenda Aguirre, madre de la víctima, denuncia la negligencia de Gendarmería y la falta de servicio del Estado por no proteger la vida de su hijo mientras se encontraba bajo su custodia. La principal obligación de Gendarmería es atender y custodiar a las personas privadas de libertad, algo que no se cumplió en este caso, según señaló el abogado demandante, Andrés Durán.

Según consignó Radio Biobío, el fatal incidente ocurrió hace casi un año, el 9 de diciembre de 2024. En esa fecha, gendarmes del penal Biobío encontraron el cuerpo sin vida de Vincent González Aguirre en la celda 21 del módulo 42. González, de 27 años de edad, había sido decapitado por su compañero de celda, Diego Valdés San Martín, quien cometió el crimen utilizando armas blancas artesanales. 

Hace dos semanas, la Fiscalía formalizó a Diego Valdés por homicidio calificado. Sin embargo, la madre de González decidió ejercer acciones civiles contra el Estado, sustentando su caso en la negligencia de la institución penitenciaria.

El abogado Andrés Durán explicó que la demanda por falta de servicio se acredita en dos puntos principales. Primero, la negligencia se manifiesta en la falta de segregación en la cárcel penquista, que mezcló a Vincent González, una persona de menor grado delictual o bajo compromiso delictual, con un reo peligroso como lo es el victimario. El jurista enfatizó que hubo un incumplimiento de las normas por parte de Gendarmería respecto a las normas de clasificación de los internos. 

Segundo, la acción legal subraya la falta de fiscalización que permitió al victimario, Diego Valdés, tener en su poder armas blancas. El abogado sentenció que no deben haber cuchillos en las celdas. 

Actualmente, la demanda indemnizatoria está en proceso de notificación al Consejo de Defensa del Estado

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