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El organismo pidió 28 años de presidio para Camila Polizzi y su expareja, Sebastián Polanco, por los delitos de fraude al fisco, usurpación de identidad y lavado de activos, además de una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos.
El CDE, que actúa como querellante en esta causa derivada del caso Convenios y la arista Fundación En Ti, apunta a que ambos imputados se beneficiaron de más de 250 millones de pesos provenientes del Gobierno Regional del Biobío, mediante la utilización de la fundación para fines distintos a los declarados.
El escrito del CDE también amplía las acusaciones hacia otros implicados. Para los exfuncionarios del GORE Biobío, Rodrigo Martínez, Simón Acuña y Rodrigo Alarcón, se solicitó inhabilitación por una década y sanciones por fraude al fisco.
En tanto, para Matías Godoy, la entidad solicitó cinco años y un día de cárcel por lavado de activos; mientras que para Eduardo Quezada, la petición asciende a 10 años de presidio. Asimismo, Luisa Fonceca, madre de Polizzi, enfrenta una acusación que considera cinco años y un día de cárcel, junto con el pago de una multa de 600 UTM.
Otro punto que distingue al CDE de la Fiscalía es la exigencia de multas equivalentes al monto total del convenio, es decir, $250.635.000, para cada uno de los imputados que firmaron o participaron en el acuerdo con la fundación.
La presentación del Consejo generó molestia entre las defensas de los acusados, que calificaron las penas solicitadas como "desproporcionadas". El abogado defensor de Polizzi, Francisco García, sostuvo que "se trata de una solicitud exagerada, incluso si se compara con la responsabilidad que imputa la Fiscalía".
Una visión similar expresó Andrés Cruz, representante de uno de los acusados por facilitar facturas falsas, quien confía en que la solicitud será "desechada con el veredicto absolutorio".
Pese a las críticas, el CDE mantiene su postura firme de que los hechos configuraron un grave perjuicio fiscal y una vulneración a los principios de probidad administrativa.
La preparación del juicio oral fue fijada para el 13 de octubre en el Tribunal Oral de Concepción, donde se espera que tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado defiendan sus posiciones respecto de las sanciones y responsabilidades de los involucrados.
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