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El tribunal fundamentó su decisión en que la libertad de los imputados representaba un peligro para la seguridad de la sociedad, riesgo de fuga y la necesidad de asegurar el éxito de la investigación, fijando un plazo de investigación de cuatro meses.
Según la investigación del Ministerio Público, la red criminal se dedicaba a otorgar préstamos informales a personas y pequeños comerciantes del Gran Concepción, con intereses del 20% y pagos semanales o mensuales.
La organización contaba con distintos niveles de operación: un grupo lideraba la captación de clientes y supervisaba el cobro de los préstamos; otro se encargaba de repartir folletos, cobrar cuotas y, en caso de retrasos, recurrir a la intimidación; y un tercer grupo supervisaba el funcionamiento general, renovaba préstamos y fiscalizaba las rutas de los cobradores.
Los fondos obtenidos eran depositados en cuentas bancarias locales y posteriormente transferidos al extranjero.
Parte del dinero también se destinó a la adquisición de vehículos y motocicletas, utilizados tanto para el cobro de los préstamos como para fines personales de los integrantes de la red.
El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades buscan esclarecer la totalidad de los hechos y las responsabilidades de todos los involucrados.
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