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Según explicó la seremi Paulina Stuardo, la propuesta no solo involucra a las policías y organismos vinculados al control del delito, sino también a instituciones del ámbito social y preventivo.
La autoridad agregó que el delegado presidencial solicitó un sistema de revisión periódica. "El delegado nos ha solicitado que el plan tenga cortes bimensuales para poder evaluar cómo va la estrategia y poder hacer el levantamiento de las infraestructuras, de los apoyos, de los recursos y programas que pudieran movilizarse, levantarse o requerir", señaló.
En cuanto al rol de los gobiernos locales, Stuardo precisó que, aunque la ley no incluye a los municipios como parte de los planes regionales de seguridad pública, se está generando un trabajo colaborativo con las asociaciones comunales y con las direcciones municipales de seguridad.
Además, sostuvo que el objetivo es levantar diagnósticos más cercanos a la realidad de los barrios. "Vamos a trabajar directamente con los directores y las direcciones de seguridad pública a nivel municipal, que nos van a permitir tener un levantamiento más pertinente de la lógica de seguridad de cada territorio y hasta de cada barrio", detalló.
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