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Esto, principalmente, porque la Fiscalía Regional del Biobío, a cargo de la fiscal Marcela Cartagena, mantiene varios antecedentes en calidad de reservados, lo que limita el acceso incluso a algunos intervinientes del proceso judicial.
Desde aquel 4 de abril, jornada marcada por la desaparición del vigía de la Bruma, Juan Sanhueza, el caso ha transitado por una ruta de extrema cautela legal.
Sin embargo, durante esta semana se desarrolló una audiencia clave en el Juzgado de Garantía de Coronel, instancia solicitada por la defensa de los tripulantes del PAM Cobra con el fin de resguardar sus garantías procesales.
Durante esta audiencia, el abogado Alejandro Espinoza, representante legal de parte de la tripulación del navío industrial, confirmó haber accedido por primera vez a piezas relevantes de la investigación, lo que marca un pequeño pero significativo giro en el caso.
Uno de los documentos más extensos es un informe elaborado por la Brigada de Homicidios de la PDI, el cual supera las 300 páginas y contiene antecedentes relacionados a los teléfonos móviles de los 17 tripulantes del PAM Cobra.
Además, se entregaron algunas partes de la carpeta investigativa, hasta ahora bajo reserva.
La Fiscalía también hizo entrega a la defensa de las declaraciones prestadas por los cinco imputados, las cuales fueron tomadas el mismo 4 de abril, es decir, en el mismo día en que se reportó la desaparición del joven vigía de la Bruma.
Estos testimonios forman parte de los elementos clave que el Ministerio Público está evaluando en su intento por establecer las responsabilidades penales en esta colisión marítima.
Por ahora, el caso sigue avanzando, aunque de manera lenta y bajo un fuerte manto de confidencialidad. Las próximas semanas podrían ser determinantes para definir si se formaliza a alguno de los imputados o si se establece algún tipo de responsabilidad penal por el accidente.
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