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En entrevista con Diario La Tribuna, Cabezas manifestó que pese a los informes médicos, el testimonio de su familia y una resolución favorable de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carabineros volvió a rechazar su petición, alegando motivos administrativos.
La historia se remonta a 2024, cuando el cabo sufrió una lesión en acto de servicio: una fractura de tobillo con corte de ligamentos que lo dejó con licencia médica durante gran parte del año.
Durante el período de licencia, pudo permanecer junto a su familia en Santa Bárbara y compartió la rutina diaria con su hijo, José Ignacio. Fue precisamente en ese tiempo que el colegio del menor advirtió conductas distintas, por lo que lo derivaron a evaluación médica.
El diagnóstico fue trastorno del espectro autista (TEA), hiperactividad, trastorno sensorial, trastorno del lenguaje y trastorno opositor desafiante, condiciones que requieren tratamiento permanente con especialistas como neurólogo, psiquiatra, psicólogo, fonoaudióloga y terapeuta ocupacional.
El tiempo que el padre estuvo en casa tuvo un efecto positivo en la salud del niño. "Mi hijo andaba parejito, un siete, nada que decir", relata Cabezas.
Sin embargo, al reincorporarse a su unidad en Valparaíso, el pequeño José Ignacio dejó de comer, se rehusó a asistir al colegio, se aisló socialmente y comenzó a presentar episodios de autoagresión y desregulación emocional. Su madre, que ha enfrentado sola estas crisis, también ha visto afectada su salud física y mental.
Ante este escenario, el carabinero inició el procedimiento regular para solicitar su traslado por motivos personales y de fuerza mayor. Sin embargo, a principios de 2025, su solicitud fue denegada.
La institución argumentó que las plazas disponibles en Santa Bárbara ya estaban asignadas conforme al plan anual de traslados 2024-2025.
No conforme, y con respaldo médico y educacional, Diego Cabezas interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción. El tribunal acogió la acción y ordenó a Carabineros reevaluar el caso, considerando los antecedentes de salud del niño y la afectación familiar.
No obstante, semanas más tarde, la institución volvió a rechazar el traslado, reiterando los mismos argumentos: falta de cupos, déficit de personal en la región de Valparaíso y la necesidad de mantener la dotación en una zona con altos índices delictuales.
Para el funcionario, la respuesta institucional no solo es injusta, sino también carente de sensibilidad frente a una situación familiar crítica.
El caso tomó notoriedad pública en los últimos días a través de redes sociales, donde se viralizó rápidamente y generó una ola de apoyo ciudadano.
Pese a todo, el funcionario asegura que no bajará los brazos. "Mi esperanza es que esto toque el corazón de alguien que pueda tomar decisiones. Seguimos adelante, paso a paso, apoyándonos como familia. No es fácil, pero no voy a rendirme por mi hijo", expresa con convicción.
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