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La decisión fue tomada por la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Clara Carrasco, tras los avances del sumario interno abierto el pasado 15 de julio.
Esta suspensión se suma a las ya anunciadas para la jueza Irene Rodríguez y otra funcionaria judicial que estuvieron presentes durante la audiencia del 9 de julio, cuando se realizó el control de detención y formalización de Mejía y otros dos coimputados.
La investigación interna, que se desarrolla dentro del ámbito del Poder Judicial, tiene un plazo de 30 días, el cual podría prorrogarse una vez, y podría derivar en sanciones para los funcionarios involucrados en el caso.
Mientras tanto, la Fiscalía Occidente lleva adelante una investigación penal contra la jueza Rodríguez, varios funcionarios judiciales y siete gendarmes que estuvieron implicados en el proceso que permitió la liberación de Mejía.
Esta línea de investigación se centra en determinar las responsabilidades de los involucrados, especialmente en lo relacionado con las decisiones que favorecieron al sicario.
El miércoles pasado, Rodríguez declaró ante el fiscal regional Marcos Pastén, quien la investiga por el delito de prevaricación culposa.
Durante la declaración, la jueza autorizó el alzamiento del secreto de sus cuentas bancarias, lo que se suma a la incautación de celulares y computadores relacionados al caso.
Fuentes cercanas al proceso aseguran que la magistrada optó por contar con los servicios de la Defensoría Penal Pública, pues la formalización en su contra parece inminente, dado el contexto judicial y su responsabilidad en la liberación de Mejía.
La defensa de la jueza Rodríguez está a cargo de la abogada Sandra Haro Colomé, jefa de Estudios de la Defensoría Regional Metropolitana Norte, quien se enfrenta a la complejidad de las investigaciones y posibles sanciones penales.
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