La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió suspender por un mes a la jueza del Octavo Juzgado de Garantía, Irene Rodríguez, en el marco del sumario disciplinario que investiga la liberación del ciudadano extranjero Alberto Mejía, imputado por su presunta participación en el homicidio de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el "Rey de Meiggs".
La medida fue adoptada por la fiscal judicial Clara Carrasco, quien lidera la indagatoria administrativa iniciada el pasado 15 de julio.
Según confirmaron fuentes cercanas al proceso, también fue suspendida una funcionaria judicial que acompañó a la magistrada en la audiencia de formalización realizada el 9 de julio, aunque su identidad y cargo aún no han sido revelados.
La decisión busca resguardar el éxito de la investigación interna, en un caso que ha generado fuertes cuestionamientos al Poder Judicial por una cadena de errores que terminó con la salida del país del principal imputado, quien permanece prófugo desde el 10 de julio.
Según se ha podido establecer, tras una autoidentificación falsa por parte del acusado, se emitieron dos oficios contradictorios: uno revocando la prisión preventiva y otro que corregía la identidad y ordenaba su ingreso a un recinto penitenciario. Sin embargo, pese a la existencia de esta última orden, Gendarmería dejó en libertad al imputado.
De acuerdo a antecedentes recopilados por las autoridades, Mejía pagó más de 2,5 millones de pesos para desplazarse desde Estación Central hasta Iquique y cruzar luego la frontera hacia Perú, sin que existan registros oficiales de su paradero desde entonces.
La Policía Internacional mantiene activa una alerta roja de Interpol para facilitar su captura.
En paralelo, el pleno de la Corte Suprema se reunió este viernes con el jefe del Departamento de Informática del Poder Judicial, Mauricio Rodríguez, para conocer los detalles técnicos del procedimiento que permitió la excarcelación.
Según explicó la vocera del máximo tribunal, ministra María Soledad Melo, el sistema informático operó correctamente, pero el error habría sido humano y atribuible a una funcionaria.
El caso ha provocado una ola de críticas hacia el sistema de justicia, debido a que se trataba de uno de los imputados clave en una causa de alta connotación pública, relacionada con redes de crimen organizado y presuntos sicariatos.