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Según se reveló, los funcionarios ofrecían los alimentos a $1.500 en el exterior para el público general, pero dentro del penal el valor subía hasta los $3.500 por unidad para los reclusos.
La situación fue detectada por la propia autoridad penitenciaria, que inició un sumario interno contra cuatro gendarmes involucrados, quienes actualmente están suspendidos de sus funciones a la espera de la resolución del proceso.
La denuncia fue dada a conocer por El Pingüino, medio que detalló cómo los funcionarios organizaban "completadas" y aprovechaban su posición para comercializar los alimentos a los internos, vulnerando así las normas del recinto penitenciario.
La diferencia de precios entre el público general y los reclusos fue uno de los aspectos más cuestionados del caso.
Agregó además que la única instancia autorizada para vender productos a los reclusos son los economatos: pequeñas tiendas dentro de las cárceles que no persiguen fines de lucro y que permiten a los internos acceder a artículos básicos como higiene personal, cigarrillos o alimentos regulados. Los completos no forman parte de esa lista.
Hasta el momento, Gendarmería no ha entregado una versión oficial, ya que actualmente no cuenta con un encargado de comunicaciones.
El caso sigue bajo investigación y no se descartan sanciones más severas, incluyendo la desvinculación de los funcionarios involucrados.
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