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Una pena de 13 años de presidio efectivo fue condenado un hombre por el delito frustrado de femicidio, perpetrado en diciembre de 2022 en la comuna de Lebu.
Asimismo, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete resolvió otorgar a Peter Alejandro Muñoz Ortiz las penas accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
En fallo unánime, el tribunal -integrado por los magistrados Lathy Pérez Quilodrán (presidenta), Carolina Meza Saldía y Marcos Pincheira Barrios (redactor)- condenó, además, a Muñoz Ortiz a 540 días de reclusión y a la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor del delito consumado de amenazas simples.
El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que alrededor de las 22 horas del 8 de diciembre de 2022, Peter Alejandro Muñoz Ortiz estaba en un domicilio en la comuna de Lebu, en compañía de su conviviente y el tío de su pareja.
En dicho contexto, Muñoz Ortiz sostuvo una discusión con su cónyuge, a quien agredió con una patada en el pecho y la orinó; posteriormente, la agredió con un cuchillo en la espalda. La víctima intentó arrebatarle el arma, por lo que resultó con cortes en los dedos.
La agredida trató de escapar, pero fue perseguida por Muñoz Ortiz, quien la hirió en el brazo izquierdo con un hacha. J.T.H. intentó defender a la víctima; sin embargo, fue amenazado de muerte por Muñoz Ortiz, por lo que optó por huir del inmueble para solicitar ayuda de Carabineros.
A consecuencia de la agresión, la víctima, según el dato de atención de urgencia del Hospital Santa Isabel de Lebu, resultó con lesiones de carácter reservado, por lo que fue trasladada al hospital de Curanilahue, centro asistencial donde se le diagnosticaron lesiones de carácter graves, por lo que quedó internada.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e incorporación en el registro nacional de ADN de condenados.
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