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Los delitos vinculados al crimen organizado aumentaron drásticamente en la región del Biobío durante la última década, especialmente, los homicidios, que crecieron 128% entre 2014 y 2024, según revela el estudio "Radiografía de la Seguridad" del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello (UNAB).
El análisis examinó 10 delitos potencialmente utilizados por organizaciones criminales —entre ellos secuestros, extorsiones, tráfico de drogas, porte de explosivos, robos con violencia, robos por sorpresa, robos de vehículos, porte de armas punzantes y usurpación— con base en los datos oficiales de Carabineros, la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
"De esos 10 delitos, cinco se encuentran al alza en la región, y son justamente esos los que más se vinculan al crimen organizado", explicó Pablo Urquízar, coordinador del OCRIT. El incremento de los homicidios, por ejemplo, supera ampliamente la media nacional, de 86%.
Las comunas más afectadas por el alza de asesinatos son Lota (600%), Coronel (400%), Talcahuano (300%) y Los Ángeles (167%). Urquízar precisó que el dato excluye femicidios y suicidios asistidos, por lo que solo contempla los vinculados a actividades criminales organizadas.
Los secuestros, clasificados como delitos predatorios con fines lucrativos, aumentaron 42% en la década analizada. Coronel lidera este incremento con 200%, seguido por Hualpén (150%), Talcahuano (100%) y Tomé (100%).
Las extorsiones, consideradas un delito emergente, pasaron de cero casos en 2014 a 16 en 2024. "Hay que considerar que esta es la cifra oficial denunciada, pero existen situaciones vinculadas a extorsión que no se denuncian por temor a represalias", advirtió Urquízar.
El porte de armas y explosivos creció 63% en la región. Lebu lidera con un incremento de 1400%, y le siguen Nacimiento (400%), Lota (150%), Laja (133%) y Los Ángeles (139%).
Del mismo modo, la usurpación aumentó 41%, superando la media nacional de 28%. "Las organizaciones criminales se asientan en lugares determinados para materializar distintos mercados ilícitos", explicó el especialista.
El informe identificó la presencia de múltiples organizaciones criminales transnacionales en Chile: cinco venezolanas, dos colombianas, dos peruanas y una de República Dominicana, una de China y otra de México. En Biobío, autoridades confirman operaciones del Tren de Aragua.
Esta última organización, explica, nació en la cárcel de Tocorón de Venezuela, y expandió su control a diversos países latinoamericanos. El experto alertó sobre la importancia de vigilar las cárceles regionales como potenciales focos de crimen organizado.
Contrario a la tendencia nacional, que plantea un aumento de 29%, el tráfico de drogas disminuyó un 8% en Biobío. Sin embargo, Urquízar advierte que esto no implica una ausencia del crimen organizado, sino una posible diversificación hacia otros mercados ilícitos, o bien, el uso de la región como zona de tránsito.
El especialista identificó la "ausencia de Estado" como condicionante social del crimen organizado. "En territorios donde el Estado se ausenta —no solo en seguridad, sino en educación, salud y trabajo— surgen actores que lo reemplazan", explicó.
La nueva Ley 21.732, que crea el Ministerio de Seguridad Pública, ofrece oportunidades para enfrentar el fenómeno. Urquízar propone siete desafíos institucionales: conducción política regional liderada por el Seremi de Seguridad; coordinación interinstitucional; política regional basada en evidencia; fortalecimiento de inteligencia; profesionalización del sistema; focalización en crimen organizado y terrorismo; y control del sistema penitenciario.
Lo anterior, dado que el objetivo del crimen organizado es, a su parecer, "obtener control territorial para conseguir soberanía, desplazando al Estado de distintos territorios donde rija la ley del más fuerte", concluyó el experto.
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